La Asociación de Fiscales reprocha a Delgado que no informe si Garzón defiende a investigados en el 'caso Villarejo'
La AF pide también toda la información relativa a las diligencias de investigación que se siguieron contra el fiscal Ignacio Stampa
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. | EP
Los consejeros electivos del Consejo Fiscal a propuesta de la Asociación de Fiscales (AF) han señalado este miércoles que, «para aclarar las acusaciones» que se realizan contra la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, quieren conocer si el despacho del exjuez Baltasar Garzón -pareja de la fiscal general- «ha ejercido la defensa de alguno o algunos de los investigados» en el ‘caso Villarejo’.
En un comunicado, recogido por Europa Press, indica que además deben aportarles más documentación sobre la causa ‘Tándem’, como los nombres de los fiscales y abogados que participan, y toda la información relativa a las diligencias de investigación que se siguieron contra el fiscal Ignacio Stampa, además del expediente o expedientes disciplinarios incoados contra él.
AF explicita que han solicitado durante el Consejo Fiscal de este miércoles a Delgado en virtud de los dispuesto en el artículo 14. K) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y 1.4 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo Fiscal toda esa información, si bien se les ha denegado alegando que se trata de materia reservada.
Delgado «debió abstenerse»
La asociación ha hecho esta petición al considerar que Delgado «debió abstenerse en las diligencias de investigación incoadas contra Stampa por ser parte afectada».
Ha asegurado que a su juicio la fiscal «no puede» adoptar decisión, «ni intervenir en los debates por impedirlo el artículo 15.2 del Reglamento de régimen interior de Consejo Fiscal», por lo que creen que concurre causa de abstención.
Ante la negativa de Delgado, la AF se ha visto «obligada» a reproducir la petición por escrito. «Entendemos que la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución Española que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas», han indicado.
Por ello, han exigido «una respuesta expresa, razonada y no restrictiva» al considerar que se trata de una «petición imprescindible para el ejercicio de nuestras funciones».
«Falta de credibilidad» de la fiscal
En el marco del comunicado, se han dicho «conscientes» de la «preocupación generalizada de toda la Carrera por los últimos acontecimientos que están dañando su imagen y a la propia institución» por la «falta de credibilidad ante la opinión pública» de Delgado.
A su juicio, «su exposición continua ante la ciudadanía derivada de su forma y manera de proceder y entender la Institución son la raíz del problema».
