La Fiscalía de Barcelona investiga los mensajes contra el menor de Canet de Mar por si hubiera delito de odio
Las diligencias están en un estadio embrionario dado que primero deben estudiar los tuits y mensajes a los que se aluden en dos denuncias
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha incoado diligencias de investigación a raíz de las denuncias que han llegado relativas a las amenazas que habría recibido la familia del menor escolarizado en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia que obliga a impartir el 25% del horario escolar en castellano.
Fuentes del Ministerio Público confirman a Europa Press que las diligencias se encuentran aún en estado muy embrionario, «prematuro», dado que primero se deben recabar esos tuits y mensajes de whatsapp en los que presumiblemente se vertían amenazas, y luego estudiar la trascendencia jurídica del asunto. Indican que el decreto de incoación de diligencias de investigación se ha abierto por la Sección de delitos de odio.
Añaden estas fuentes que se incoan tras recibir dos denuncias en el día de ayer, jueves, de la asociación ‘Hablemos Español’ y del partido político Vox (esta segunda llegó a última hora de la tarde, explican). Dado que las denuncias son de ‘extraños’ al caso concreto de la familia, la Fiscalía ahora debe analizar y decidir si efectivamente se puede encuadrar en un delito de odio.
Por el momento no consta que la familia del menor haya interpuesto denuncia alguna, pero apuntan que de hacerlo, la acción de la Fiscalía decaería porque prima la vía judicial.
La Justicia catalana ordena «preservar la intimidad» de la familia
Además de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación de la Generalitat y a la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) «adoptar las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad» de la familia que denunció el proyecto lingüístico del centro.
En una providencia consultada por Europa Press este viernes, el tribunal también afirma que son el departamento y la dirección los responsables de preservar «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo».
El TSJC fijó un 25% de castellano en el grupo del menor, en respuesta a la denuncia de la familia, que pedía un 50% de escolarización en dicha lengua.
Este viernes por la tarde el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (Sepc) y el sindicato Intersindical·Csc han convocado una manifestación cerca del centro, en rechazo a la sentencia.
A su vez, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, visitó ayer jueves a la dirección del centro para darle acompañamiento y que tuviera «todas las herramientas para ver cómo aplica estas medidas cautelares», e insistió que la decisión del TSJC se dirige directamente a los responsables de la escuela.
