La Justicia absuelve de fraude al exfiscal de Madrid que destapó el origen de la Gürtel

El ex número dos de la Fiscalía Provincial de Madrid Emilio Valerio ha quedado absuelto de los 15 delitos contra la Hacienda Pública por los que se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Pamplona el pasado mes de noviembre, y que motivaron su expulsión de la carrera fiscal en 2016. El Ministerio Público solicitaba para él 37 años de prisión y una multa de 4,5 millones de euros por presunto fraude en el impago del IVA en sus empresas de bodegas y de hostelería en Navarra entre los años 2013 y 2016, mientras ocupaba el cargo de teniente fiscal de Madrid.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los jueces de Sección Segunda de la Audiencia de Pamplona absuelven a Valerio y a su mujer -también acusada en el juicio- debido a las «inconsistencias», «falta de comprobación» y «falta de credibilidad» de los informes periciales presentados por los inspectores de Hacienda durante el juicio. «La credibilidad de esos informes, por generales, resultan insuficientes para fundar una sentencia de condena, más aún cuando en sus aclaraciones, los mismos incurrieron, cuanto menos, en contradicciones», indica el fallo judicial.

Contra la sentencia cabe recurso contra el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, pero por el momento termina así un calvario judicial que supuso para Valerio el final de una dilatada carrera de 36 años como fiscal. Un periodo de tiempo en el que estuvo al frente de investigaciones de corrupción que afectaron tanto al PP como al PSOE en Madrid. Gracias a sus averiguaciones se destaparon los orígenes del caso Gürtel en Majadahonda, Boadilla y Pozuelo. Antes se ocupó de investigar el Tamayazo, el accidente de Spanair en Barajas y otras tramas medioambientales y urbanísticas. Con anterioridad a su llegada a la Fiscalía de Madrid, también instruyó en el País Vasco el caso de Santiago Brouard, médico asesinado por los Gal en 1984.

Expulsado durante el Gobierno del PP

Especializado en delitos de medioambiente y urbanismo, ocupó el cargo de teniente fiscal de Madrid entre 2007 y 2016. En ese año, con el PP en el Gobierno, el Consejo Fiscal presidido por la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, propuso su expulsión al ministro de Justicia Rafael Catalá. El responsable del departamento de Justicia lo ratificó dos meses después al declarar a Valerio «autor de una falta muy grave» por ejercer «actividades incompatibles con el cargo de Fiscal», en concreto por desarrollar actividades mercantiles sin solicitar la compatibilidad necesaria, según una orden publicada en el BOE el 2 de marzo de 2017. La Audiencia Nacional confirmó su expulsión en 2018.

Hacienda había abierto una inspección sobre las declaraciones fiscales correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 de las empresas familiares que Valero había heredado. Los inspectores tributarios y la Fiscalía afloraron las actividades empresariales, y por este motivo el Consejo Fiscal y el ministro Catalá justificaron la expulsión del fiscal que destapó los orígenes de Gürtel. Alegaron que Valerio no solicitó la compatibilidad necesaria para desarrollar esas actividades.

Cuatro años y medio después, durante el juicio celebrado en Pamplona en noviembre, Valerio negó cualquier actividad delictiva y afirmó que él pensaba que «podía gestionar los negocios que tenían porque formaban parte todos ellos de su patrimonio familiar», heredado décadas antes. El exfiscal afirmó que no creía que eso fuera incompatible con su actividad como representante del Ministerio Fiscal y que, en definitiva, todas sus empresas tenían actividad y trabajadores a su cuenta. Pero Hacienda le acusaba de que toda la actividad de las empresas era ficticia.

«La instrucción penal se limitó a recoger dichas conclusiones de la inspección, sin practicar diligencia alguna relevante, más allá de la declaración de los investigados», indica la sentencia

La Fiscalía y la Hacienda foral le acusaban de defraudar 4,5 millones a través de sus empresas de bodegas de vino, de cerveza y de hostelería. Se enfrentaba a 15 delitos fiscales, además de otros de falsedad y de frustración a la ejecución. Ahora queda absuelto en una contundente sentencia en la que los jueces de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pamplona desacreditan o ponen en duda las pruebas aportadas y los testimonios deducidos por los inspectores de Hacienda y la Fiscalía.

«Persiste en esta Sala una duda objetiva y razonable acerca de si los hechos acaecieron según la hipótesis acusatoria o según lo sostenido por la defensa y dicha duda debe ser resuelta, merced al principio de in dubio pro reo (ante la duda a favor del reo) con el dictado de un fallo absolutorio», señala la sentencia. «Por ello no procede condena por los delitos contra la Hacienda Pública ni por los delitos de falsedad que han sido objeto de acusación», añade.

Los inspectores ni siquiera visitaron las empresas

La Sala destaca «ciertas inconsistencias derivadas, no solo de los informes de los inspectores, sino, especialmente, de las aclaraciones emitidas en el plenario». Además, los jueces manifiestan su sorpresa y su rechazo porque en un caso en el que Hacienda y el Ministerio Público cuestionaban la actividad real de las empresas y las inversiones realizadas por el acusado en las instalaciones de las mismas, durante el juicio quedó acreditado que los inspectores de la Agencia Tributaria ni siquiera «procedieron a cursar visita formal a las instalaciones» que eran objeto de investigación, ubicadas en el municipio navarro de Dicastillo, para «proceder a comprobar la realidad».

«La instrucción penal se limitó a recoger dichas conclusiones de la inspección, sin practicar diligencia alguna relevante, más allá de la declaración de los investigados», afirman los jueces en una sentencia que menciona también la inconsistencia de los informes periciales aportados por la acusación. Esto último debido a «la falta de comprobación o investigación de las empresas». Por el contrario, los jueces destacan las abundantes pruebas aportadas por la defensa de Valerio, ejercida por los abogados Carlos Neira y Pablo Gutiérrez, del despacho Garrido Abogados, y los peritos Juan Luis Sendín e Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria.

Una pruebas, informes periciales y testificales que fueron confrontadas durante el juicio con los elementos aportados por los peritos de la Fiscalía y de Hacienda. Valerio ejerció personalmente la defensa de su esposa durante el procedimiento. También ha quedado absuelta. «En el caso de autos, de la prueba practicada no puede deducirse, sin ningún género de dudas, la tesis sostenida por las acusaciones, menos aún a la vista de la ingente, precisa y cualificada prueba de descargo aportada por los acusados», indica la sentencia.