Los facilitadores reducen un 40% el archivo de las denuncias de abuso de discapacitados

La introducción de la figura del facilitador en el ordenamiento jurídico español ha permitido reducir en más de un 40% el sobreseimiento de las causas de abuso sexual denunciadas por personas con discapacidad intelectual en los tribunales. Así se desprende del informe presentado este martes por la Unidad de Acceso a la Justicia de la Fundación A LA PAR, que entre 2011 y 2021 ha tramitado un total de 1.418 casos de abuso sexual, maltrato y violencia de género cometidos contra personas con discapacidad intelectual. 

Según el documento, sin la figura del facilitador el 67% de los casos de abuso sexual denunciados por personas con discapacidad acaban siendo sobreseídos, mientras que cuando interviene un facilitador solo se archiva el 24% de las causas. Es una de las principales conclusiones de un informe en el que además se traza el perfil de las personas con discapacidad intelectual víctimas de abuso: en más de 71% de los casos son mujeres y el 35% son menores de edad.

Contemplada en el artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la figura del facilitador –un profesional que ejerce de puente comunicativo entre la persona con discapacidad intelectual y la Administración de Justicia– se ha ido incorporando al ordenamiento jurídico español en los últimos años. Entre otras, en la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

El facilitador es un profesional de la psicología independiente y neutral, experto en discapacidad intelectual y psicología forense (y especialmente en la rama de psicología del testimonio), cuyo fin es evaluar las capacidades y limitaciones de las personas con discapacidad intelectual participantes en procedimientos judiciales, a fin de diseñar e implementar los apoyos y ajustes de procedimiento necesarios para que puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones que el resto de personas.

Piden más recursos para reforzar a los facilitadores

«Jueces y fiscales necesitamos apoyos para saber cómo tratar en procedimientos que conciernen a personas con discapacidad intelectual. Todos necesitamos apoyos, todos somos apoyos para todos. Es un derecho que la Justicia se adapte a las personas y no al contrario como permite el facilitador. Hay que impulsar estas figuras de apoyo», ha indicado durante la presentación del informe María José Segarra, fiscal de Sala para la Protección de Personas con discapacidad y Mayores del Tribunal Supremo.

En la misma línea, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y el jurista José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han elogiado la figura del facilitador y han expresado la necesidad de que desde las Administraciones públicas se dote de los recursos necesarios al Poder Judicial para poder reforzar la figura del facilitador y hacerla más efectiva. Al acto también ha asistido la infanta doña Elena.

 «Para que la Justicia sea real y efectiva debemos movilizarnos quienes tenemos responsabilidad pública. Desde el Gobierno regional no vamos a escatimar esfuerzos ni recursos para adaptar la Justicia a todas las discapacidades y que esa igualdad sea real y efectiva. Vamos a potenciar la figura del facilitador a través de la Oficina de Atención a las Víctimas», ha indicado Enrique López.

Por su parte, el vocal del CGPJ José María Macías, ha agregado:  «El facilitador es una figura que necesita concreción y garantías para que la persona que va a desempeñar este papel cumpla en realidad los requisitos. Hay que regular todos estos instrumentos legislativos y dotarlos de fondos para que tengan respaldo y garantías».

Contrarrestar la vulnerabilidad

Diez años después de la puesta en marcha de la UAVDI, desde la Fundación A LA PAR se congratulan por unos resultados que, a juicio de la entidad, confirman la necesidad preexistente de recursos especializados para contrarrestar la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual a ser víctimas de abusos, acoso sexual u otros delitos de índole violenta a lo largo de su trayectoria vital con riesgo de ser revictimizadas si no se habilitan respuestas adaptadas que blinden su acceso a la Justicia en condiciones de igualdad.

«La Justicia estaba en 2011 demasiado alejada de las personas con discapacidad intelectual. Nos dimos cuenta de que teníamos que hacer más próximos estos procedimientos diseñando respuestas específicas», ha señalado la presidenta de la Fundación A LA PAR, Almudena Martorell, durante la presentación del informe.