Carpetazo definitivo a la imputación de Aguirre por el Hospital Puerta de Hierro
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de Anticorrupción contra la decisión del juzgado que instruye la causa
Esperanza Aguirre. | Gustavo Valiente
Portazo al último intento de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a Esperanza Aguirre por las obras en el Hospital Puerta de Hierro. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, que pedía imputar a la expresidenta madrileña y otros tres exaltos cargos del Gobierno regional en la causa que investiga si la drástica reducción de 135 camas en el hospital, durante el año 2008, pudo suponer un quebranto económico al erario público superior a diez millones de euros.
Según un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Sección Tercera de la Audiencia ha desestimado el recurso de Anticorrupción contra la decisión del juzgado que instruye la causa. La juez Mónica Aguirre rechazó en noviembre la petición del Ministerio Público de citar como investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación a la expresidenta madrileña y al que fuera su consejero de Sanidad, Juan José Güemes.
En declaraciones a THE OBJECTIVE, Esperanza Aguirre se defiende: «No se me pasó jamás por la imaginación que poner en los 12 hospitales públicos nuevos que hice habitaciones individuales, que es la ventaja que tiene la Sanidad privada para mucha gente frente a la pública en cuanto a intimidad o poder ver a un familiar, hubiera de ser motivo de que se me impute un delito»
«Es de locos -ha reprochado-. Es como cuando me querían imputar, y no lo aceptaron a trámite, que en las escuelas bilingües hubiera profesores nativos».
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid supone el carpetazo definitivo a la posibilidad de imputar a la expresidenta madrileña en esta causa. La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid entendía que el hecho de que Aguirre y Güemes fueran «los máximos responsables de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad y del Órgano de Contratación en mayo de 2008 no justifica la atribución de la condición de investigados».
La juez también alegó que de la declaración prestada por la única persona investigada hasta entonces en la causa, la ex directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios Elena de Mingo, no se desprendía que la orden sobre la reducción de camas procediera directamente desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Portazo a Anticorrupción
El 22 de noviembre, como adelantó este diario, el Ministerio Fiscal se revolvió contra la juez y presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la magistrada de negarse a citar a declarar como investigados a Aguirre, Güemes y la exviceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid Ana Sánchez Fernández.
En el recurso, al que tuvo acceso THE OBJECTIVE, el fiscal Jorge Andújar negaba que la solicitud de citar como investigada a Esperanza Aguirre se debiese a «la mera ostentación del cargo» de presidenta de la Comunidad de Madrid cuando se modificó el contrato de concesión de obra pública de construcción y explotación del mencionado hospital. La juez había reprochado al fiscal que no hubiese aportado siquiera la orden de la Dirección General de Infraestructuras, de 5 de mayo de 2008, por la cual las 135 habitaciones del Hospital pasaron de ser dobles a individuales.
Ahora los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dan la razón a la juez y cierran la puerta a la imputación de Aguirre. «El órgano instructor está legitimado para denegar la práctica de diligencias que no sirvan para el objeto de la investigación, no ya porque no aporten información vinculada con el objeto del hecho investigado sino porque, aún en tal caso, no tengan eficacia alguna para la identificación del autor, circunstancias del hecho y para la conclusión de la investigación», indican los magistrados de la Audiencia Provincial en el auto, fechado el 28 de enero.
La investigación continúa
A pesar del rechazo de la juez instructora y de la Audiencia Provincial de imputar a Aguirre y Güemes, la causa sigue. La titular del juzgado de instrucción número 53 de Madrid prorrogó otros seis meses la investigación. Y el día 20 de diciembre mes tomó declaración, en calidad de investigado, a Jesús Alejandro Vidart.
El que fuese director general de Gestión Económica y de Compras de Productos de la Comunidad de Madrid, fue sometido a un extenso interrogatorio en el que admitió ser «el encargado de regularizar las convalidaciones y modificados» de los contratos del hospital entre 2012 y 2015. En su declaración, según el auto de la Audiencia Provincial, Vidart «explicó su actuación asumiendo su gestión, sin haber actuado por orden de la presidenta de la Comunidad de Madrid y sin derivar responsabilidades a terceras personas».
En un escrito fechado el pasado 10 de noviembre, en el que pedía la imputación de Aguirre y Güemes, el Ministerio Público había señalado que la reducción de camas llevada a cabo en 2008 en el Hospital Puerta de Hierro, convirtiendo en individuales 135 habitaciones dobles, se habría realizado sin cumplir con los procedimientos administrativos necesarios y causó un quebranto económico al erario público superior a los diez millones de euros.
Un año antes, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Elena De Mingo, la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad, entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en las obras de adjudicaciones del Hospital Puerta de Hierro.
