Cruzada contra el hormigón ilegal: 20 'fábricas pirata' sancionadas y otras 100 denunciadas

Guerra en el sector del hormigón. Un total de 16 empresas en la Comunidad de Madrid y otras cuatro en Castilla y León han sido expedientadas por fabricar hormigón sin el certificado de control de producción que exige la ley. Se enfrentan a multas de hasta seis millones de euros y hay al menos otras 100 fábricas denunciadas en toda España por el mismo motivo. Son datos de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), que libra una cruzada contra las cerca de 300 «fábricas pirata» que operan al margen de la ley. Suponen casi el 25% de las 1.550 plantas que hay en España.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 163/2019, el pasado 1 de abril, todas las fábricas de hormigón están obligadas a contar con un certificado de control de producción. Un requisito para garantizar que el hormigón utilizado en la construcción de viviendas cumpla con todos los parámetros de calidad exigidos por la normativa y que es sometido a un procedimiento de auditoría estandarizado.

«Todo hormigón que se fabrique sin contar con este certificado es un hormigón ilegal», señala Carlos Peraita, director general de ANEFHOP. «Desde el minuto uno hay plantas que están incumpliendo la normativa», añade en declaraciones a THE OBJECTIVE. La patronal que dirige Peraita -a la que están adscritas 750 plantas- lleva años luchando contra la competencia desleal en un sector que da empleo a 12.000 personas. Desde abril han presentado más de un centenar de denuncias contra «fábricas pirata» ante las direcciones generales de Industria de las comunidades autónomas, órgano competente para velar por el cumplimiento de la normativa y establecer sanciones a las empresas que fabrican y venden hormigón al margen de la ley.

Hormigón ‘pirata’ en España

La Comunidad de Madrid ha abierto expediente sancionador a 16 de ellas y Castilla y León, a otras cuatro. Las multas pueden ser de un mínimo de 60.000 euros y un máximo de seis millones, acompañadas de la prohibición de fabricar hormigón y de contratar con la Administración Pública. «Mayoritariamente estamos hablando de empresas pequeñas y con pocos medios, en las grandes estos incumplimientos no se dan», afirma Peraita. «Las barreras de entrada en el sector son muy limitadas o casi inexistentes. Cualquiera que quiere hacer hormigón, con una pequeña inversión, puede hacerlo. Esto está provocando competencia desleal desde hace muchos años», añade.

Los grandes fabricantes exigen una respuesta más contundente y mayores inspecciones por parte de las Administraciones Públicas. «Madrid y Castilla y León están reaccionando bien. Nos consta que en Galicia y Andalucía se están llevando a cabo exhaustivas inspecciones. Sin embargo, estamos detectando que Extremadura y Castilla-La Mancha son en este momento el punto negro. Ni están tramitando denuncias ni están actuando de oficio», señala Carlos Parra, abogado y portavoz de ANEFHOP.

Riesgo para el consumidor

Las ‘fábricas pirata’ incumplen requisitos administrativos, urbanísticos, medioambientales y fiscales. Producen y venden sin controles de calidad y a un precio por debajo de mercado a los promotores urbanísticos. Se estima que el hormigón representa aproximadamente el 3% del coste total de ejecución de una obra de edificación. La diferencia entre adquirir hormigón legal o comprarlo a fabricantes pirata no pasa del 0,5% del coste total de la obra, según la patronal.

«No se puede permitir que compitan más tiempo en el mercado junto con el resto de plantas de hormigón legales», indica el abogado de la patronal. «No son mayoría en el sector, pero hacen mucho daño. El riesgo para el consumidor final es evidente. El hormigón es el producto básico de cualquier obra. Se utiliza en los cimientos, los forjados y los pilares de los edificios. Arriesgar la calidad de una estructura usando un producto que no ofrece garantías es un riesgo innecesario», concluye Parra.