El exdirectivo de Iberdrola que reclama la condición de denunciante pide declarar ante el juez del 'caso Villarejo'
Para la defensa de Del Olmo, «no cabe duda» de que la eléctrica «está acosando» a su antiguo ejecutivo por un informe que elaboró en diciembre de 2004
Fachada de la Audiencia Nacional. | EP
El exdirector de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola José Antonio del Olmo ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos encargos ilícitos que la compañía energética habría hecho desde 2004 a CENYT, el grupo empresarial del ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo, que le vuelva a tomar declaración.
En un escrito de este mismo miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Del Olmo se limita a pedir al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que le cite a declarar como imputado, el estatus procesal que tiene actualmente.
El antiguo ‘controller’ da este paso después de que el pasado febrero reclamara que se le aplique la directiva ‘whistleblowing’, una norma europea diseñada para proteger a quienes informan sobre infracciones del derecho de la UE, ante las «represalias» de Iberdrola.
Para la defensa de Del Olmo, «no cabe duda» de que la eléctrica «está acosando» a su antiguo ejecutivo por un informe que elaboró en diciembre de 2004 donde reflejaría presuntas irregularidades en relación con los trabajos de CENYT.
Esas «represalias» serían las acciones legales –penales, laborales y mercantiles–, que Iberdrola ha emprendido contra Del Olmo en distintos juzgados, por lo que instaba al magistrado a suspender todos estos procedimientos judiciales.
De esta forma, Del Olmo respondía a la invitación que García Castellón hizo en su auto del 27 de enero a las partes para que se pronunciaran sobre la pertinencia de aplicar al investigado la directiva ‘whistleblowing’, teniendo en cuenta que «los presuntos encargos efectuados a Villarejo (…) podrían tener incidencia en materia de competencia, y por tanto, pudieran encuadrarse tangencialmente en un ámbito propio del derecho de la Unión» Europea.
El instructor recordó asimismo que desde hacía meses venía advirtiendo sobre «la posible existencia de un conflicto de intereses frente a quien podría ser uno de los testigos claves para sostener la acusación» en esta pieza separada número 17 de la macrocausa ‘Tándem’: Del Olmo.
Varios frentes
Uno de los principales frentes legales entre Iberdrola y Del Olmo es la querella presentada en 2020 en los juzgados bilbaínos por la empresa contra su otrora empleado por un presunto delito de falsedad documental, donde alega que el citado informe es falso.
El Juzgado Central de Instrucción Número 6 absorbió la querella y la archivó sin entrar en el fondo del asunto al entender que los hechos habían prescrito, pero la Sala de lo Penal le obligó a retomarla, tras lo cual la compañía pidió ampliarla a delitos de revelación de secretos y datos reservados.
La Sala también emplazó al juez a determinar la relevancia de dicho informe, a lo cual respondió que «el documento en cuestión resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos», apuntando que «podrá ser sometido a contradicción en esta fase de procesal, a través de las diligencias que se consideren oportunas para acreditar los extremos a los que se refiere, y en su caso, si se llega a juicio oral, deberá ser objeto de prueba en el plenario».
En este pulso legal, destaca igualmente la sentencia dictada por un juzgado mercantil de Bilbao en 2021 que condena a Del Olmo por la obtención y difusión de facturas del gigante de la energía.
«Corporación única»
La defensa de Del Olmo reforzaba su petición de que se le considerara un ‘whistleblower’ con el argumento de que Iberdrola sería «la responsable de las actuaciones denunciadas» por su cliente porque actuaba como «una corporación única». «Esto es, que, las decisiones se tomaban desde la matriz», alegaba.
El ofrecimiento del ex director de Control se produce en medio de una nueva tanda de declaraciones, sobre todo de testigos, aunque también del ex jefe de seguridad en el extranjero Enrique Victorero, como imputado, que está citado para este viernes.
En esta línea de investigación del también denominado ‘caso Villarejo’, García Castellón analiza los encargos que Iberdrola habría hecho a CENYT desde 2004 y por los que el comisario se habría embolsado más de un millón de euros.
