La Justicia reactiva la investigación contra Salvador Illa por las mascarillas defectuosas

La Justicia reactiva la causa contra el exministro Salvador Illa por la adquisición de un lote de mascarillas defectuosas a un intermediario chino durante la primera ola de la pandemia. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha tumbado el último intento de la Fiscalía por cerrar el caso y ha avalado dar traslado de la investigación al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, según un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

El Ministerio Público presentó a finales de noviembre un recurso de apelación contra la decisión del juez instructor de inhibirse en favor del TSJ de Cataluña en la causa contra el exministro de Sanidad. Un procedimiento en el que se investiga un posible delito contra los derechos de los trabajadores del sector sanitario que se vieron expuestos a la covid-19 por el uso de las mascarillas no homologadas adquiridas por el Ministerio de Sanidad en marzo de 2020.

La Fiscalía pedía el archivo de la causa o que se declarase al Tribunal Supremo como único órgano competente para investigar a Salvador Illa, al entender que estaba aforado cuando el Ministerio de Sanidad adjudicó el contrato de 23,8 millones de euros a la empresa Hangzou Ruining Trading para la adquisición de tres lotes de mascarillas. Sin embargo, los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid han desestimado ambas peticiones del Ministerio Público y han acordado remitir el caso al TSJ de Cataluña.

«Por lo que se refiere a la petición de archivo, esta decisión no puede prosperar por falta de competencia objetiva de aforamiento del querellado», indica el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, fechado el 23 de febrero. En el escrito, los jueces Valentín Sanz, Gemma Gallego y Tania García Sedano explican que la querella de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se interpuso el 2 de agosto de 2021, cuando Illa había cesado como ministro para presentarse como cabeza de lista del PSC a las elecciones autonómicas de Cataluña y no disfrutaba entonces de la condición de aforado.

Vía libre a investigar a Illa en Cataluña

«No procede más que confirmar la resolución objeto de la impugnación acordando la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», aseveran los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid. Explican que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ,respecto al alcance de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución -sobre el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno-, establece que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo será el órgano competente de instruir las causas contra un diputado o senador «mientras no pierda la condición de miembro de las Cortes Generales».

«Lo que no garantiza el artículo 102.1 es la continuidad del criterio de atribución de la competencia objetiva funcional a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el conocimiento de una causa criminal dirigida contra un miembro del Gobierno cuando éste hubiera dejado de serlo, que es el caso de este recurso», indica el auto de la Audiencia Provincial de Madrid.

La causa se abrió a raíz de una querella interpuesta por CESM por el contrato suscrito en marzo de 2020 por el Ministerio de Sanidad con la empresa Hangzou Ruining Trading. Una adjudicación otorgada mediante el procedimiento de emergencia, sin licitación previa ni publicidad, para la adquisición de tres lotes de mascarillas.

Según el querellante, una de las partida de mascarillas FFP2 N95 adquiridas no cumplía con la normativa preceptiva. Estas mascarillas fueron utilizadas entre el 5 y el 27 de abril de 2020 por el personal facultativo y sanitario que atendía a los pacientes infectados por covid-19. Según la querella, solo tenían una capacidad de frenar la filtración de aerosoles del 70%, «muy lejos del 92% mínimo» que exige la normativa.

Dejación de funciones y negligencia

Para CESM, el entonces ministro de Sanidad incurrió en «dejación de funciones y negligencia» en relación con el riesgo creado para los trabajadores sanitarios. Lo que se reprocha a Illa es que, como máximo responsable del Ministerio de Sanidad, no siguió el procedimiento establecido para la compra del material sanitario, no verificó la idoneidad de las mascarillas con carácter previo a su entrega y, como consecuencia, el personal que las utilizó estuvo expuesto a un grave riesgo para su vida y salud mientras desempeñaba su actividad laboral.

La causa recayó en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. Su titular, el juez Carlos Valle, abrió diligencias previas en agosto pasado contra el ahora primer secretario del PSC. Poco después, a mediados de noviembre, acordó inhibirse a favor del TSJ de Cataluña al entender que su juzgado no es el órgano competente para seguir con la causa por la condición de aforado de Illa, actualmente diputado autonómico en el Parlament.

Segundo intento frustrado de la Fiscalía

Los hechos denunciados fueron objeto de investigación por parte del Servicio Especial de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía Provincial de Madrid. El Ministerio Público ya pidió el archivo de las diligencias el pasado mes de octubre, antes de que el juez se inhibiera a favor del TSJ de Cataluña, al entender que no se había podido obtener información fiable sobre el número de mascarillas no homologadas, la proporción en la que fueron repartidas entre las distintas comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad ni el tiempo que fueron utilizadas por el personal sanitario.

En su recurso de apelación presentado en noviembre, la Fiscalía solicitaba a la Audiencia Provincial de Madrid el archivo de las actuaciones o, subsidiariamente, que declarase como órgano competente al Tribunal Supremo y no al TSJ de Cataluña. Esto, a pesar de que ya en diciembre de 2020 el Alto Tribunal dio luz verde a que la querella presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos se derivase a los juzgados de instrucción de Madrid para investigar si se podía demostrar la implicación de Illa en la distribución de las mascarillas saltándose los trámites de homologación que correspondían al Instituto de Salud Carlos III.