La Rioja se escuda en la protección de datos para ocultar quién pagó el tratamiento de Ghali

Es uno de los misterios sin resolver del llamado caso Ghali. El Gobierno de La Rioja se escuda ahora en la Ley de Protección de Datos para negarse a desvelar cuánto costó y quién pagó el tratamiento que el líder del Frente Polisario recibió en un Hospital de Logroño, en abril y mayo del pasado año, tras entrar en secreto en España. Y esto, a pesar de que el Consejo de Transparencia estimó cuatro reclamaciones el pasado mes de enero sobre esta cuestión y dio un plazo de 20 días al Ejecutivo autonómico, presidido por la socialista Concha Andreu, para aportar la información requerida.

«Los datos específicos de la atención recibida y facturación de una asistencia forman parte de la intimidad de cada
paciente y no pueden ser revelados, respetando la Ley de Protección de Datos», indicaba recientemente la consejera de Sanidad de La Rioja, María Somalo, en respuesta a una batería de preguntas registradas por el PP cinco meses antes. La contestación viene reflejada en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja del pasado 25 de febrero, un mes después de que el Consejo de Transparencia diese 20 días al Ejecutivo autonómico y al Servicio Riojano de Salud (Seris) para aportar copias de la documentación relacionada con los gastos derivados de la hospitalización de Ghali.

Entre otros documentos, se pedían las facturas devengadas del tratamiento recibido por el líder del Frente Polisario y la identidad del pagador de la misma. «Con indicación de si se ha derivado la factura algún departamento ministerial, al Frente Polisario, al Gobierno de Argelia o si, por el contrario, los gastos corren por cuenta de la Comunidad de La Rioja por tratarse de atención humanitaria», señalaba Transparencia en una de las cuatro resoluciones admitidas. «La documentación solicitada, de existir, tiene la condición de información pública», añadía. Sin embargo, el Gobierno autonómico presidido por Andreu dejó pasar el plazo sin aportar los datos requeridos, según reveló El Independiente.

El Gobierno de La Rioja y el ‘caso Ghali’

En la misma línea iba dirigida una batería de hasta 10 preguntas registradas en septiembre del año pasado por el diputado regional del PP Carlos Cuevas en el Parlamento autonómico. El Ejecutivo de Concha Andreu ha tardado cinco meses en responder seis de ellas. Y lo ha hecho escudándose en la Ley de Protección de Datos para negarse a aportar los datos y documentos solicitados para esclarecer cuánto costó la hospitalización de Ghali y si el tratamiento corrió a cuenta del erario riojano, de algún ministerio, del propio líder del Frente Polisario o del Gobierno de Argelia.

Ghali ingresó en el Hospital San Pedro de Logroño con un pasaporte falso argelino. Pasó 44 días hospitalizado, al menos once de ellos en la UCI

El Gobierno autonómico también dio carpetazo en noviembre a la Comisión de investigación sobre el caso Ghali solicitada por la oposición. No obstante, el jefe de Gabinete de Andreu y varios responsables del Servis tuvieron que comparecer como testigos en el juzgado de Zaragoza que instruye la causa sobre la presunta entrada irregular del líder del Frente Polisario en España para ser atendido tras contagiarse por coronavirus.

Brahim Ghali ingresó en el Hospital San Pedro de Logroño con un pasaporte falso, a nombre de Mohamed Benbatouche, expedido por el Gobierno de Argelia. Allí pasó 44 días hospitalizado, al menos 11 de ellos en la UCI. El Ejecutivo argelino también dispuso el avión en el que Ghali aterrizó en la base aérea de Zaragoza el 18 de abril de 2021. Desde allí fue trasladado en ambulancia y escoltado por un dispositivo policial hasta la capital de La Rioja.

Implicación de Andreu

El propio Gobierno autonómico de La Rioja reconoció en una respuesta parlamentaria la implicación de Andreu en el caso: «A resultas de una petición de colaboración del Gobierno de la nación para que se atendiera por razones humanitarias en los servicios sanitarios públicos de La Rioja a una personalidad extranjera gravemente enferma de la COVID-19, en atención a la solicitud hecha por un tercer país, la presidenta de la comunidad, en el marco de sus competencias y de la natural lealtad institucional al Gobierno español, dio las instrucciones oportunas para que se respondiera positivamente a la mencionada petición de colaboración».

La exministra de Exteriores Arancha González Laya y el que fuese su jefe de Gabinete, Camilo Villarino, son por el momento los únicos imputados en la causa en la que el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza investiga la presunta entrada irregular en España de Brahim Ghali. El Gobierno aseguró que se le acogió «por razones humanitarias», pero el juez investiga las causas por las que se mantuvo en secreto su entrada y por qué se efectuó con una identidad falsa. Ghali figuraba como imputado en dos causas que investigaba la Audiencia Nacional, una de ellas por presuntos delitos de genocidio y torturas en los campos de refugiados saharauis entre 1976 y 1987.