Los peritos confirman que Plus Ultra era una «empresa en crisis» cuando recibió el rescate

Los peritos independientes han confirmado este martes a la juez del caso Plus Ultra que la aerolínea era «una empresa en crisis» a fecha del 31 de diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia, y por tanto podría haber incumplido los requisitos exigibles para optar al rescate que recibió de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Así lo han asegurado fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE tras el careo celebrado entre el perito independiente designado por la juez que instruye el caso y los peritos firmantes de los informes encargados por la SEPI para analizar la concesión del rescate.

El Gobierno de Pedro Sánchez concedió un préstamo de 53 millones de euros para ayudar a la compañía aérea de origen venezolano a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de la SEPI en marzo de 2021. «Siendo Plus Ultra una empresa en crisis no podía tener acceso a esta ayuda. Los profesionales que intervinieron debieron verlo como expertos en la materia. Y debieron ver también la trascendencia y el impacto en esta situación del crédito participativo del arrendamiento financiero de empresas», ha afirmado Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox. El partido presidido por Santiago Abascal está personado como acusación particular.

Tras el careo entre los peritos del juzgado y los que firmaron el informe de la SEPI, que se ha repetido este martes después de la desaparición de la grabación del anterior encuentro entre los expertos -celebrado el 18 de enero-, la representante de Vox ha anunciado que su formación va a solicitar la declaración del representante jurídico de Plus Ultra para que responda, entre otras cuestiones, si ocultó información sobre las cuentas de la empresa a los peritos judiciales.

El plan de viabilidad de Plus Ultra

El Juzgado de instrucción número 15 de Madrid investiga posibles irregularidades en la concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, puesto en marcha para sostener la actividad de compañías durante la pandemia. Los peritos de la SEPI, por su parte, se han ratificado en que, en base a los documentos que le entregaron la SEPI y Plus Ultra, la empresa sí habría cumplido con los requisitos para recibir el rescate. No obstante, y a diferencia del perito judicial, los expertos que firmaron los informes de la SEPI han reconocido que no han podido examinar la documentación completa del expediente, según confirma la representante de Vox, presente en el careo de este martes.

En el careo, que ha durado dos horas y media aproximadamente, los peritos han respondido a preguntas de la magistrada Esperanza Collazos, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, PP y Vox. El debate se ha ceñido a los puntos controvertidos: si Plus Ultra estaba en causa de disolución o no, si los prestamos participados salvaban esa situación de insolvencia y si uno de los aviones que usaba la compañía se vendió o era un arrendamiento.

Las acusaciones sostienen que Plus Ultra no debió tener acceso a las ayudas económicas porque se encontraba en vías de declararse en fase concursal a fecha de 31 de diciembre de 2019, mientras los créditos SEPI debían ser destinados a empresas que hubieran entrado en dificultades económicas como consecuencia de la pandemia. Tanto la Fiscalía de Madrid como la Abogacía del Estado habían solicitado el archivo de la causa al entender que no hay indicios de delito.

Sin embargo, en un informe, el perito judicial había asegurado a la juez que el plan de viabilidad presentado por la aerolínea a la SEPI era «irreal». Además, según el documento, ha asegurado que se trataba de un plan «tan optimista» que parecía «increíble». Castro ha afirmado que el perito designado por la juez sostiene que, si no fuese por la ayuda recibida del Gobierno, Plus Ultra no hubiese salido a flote porque «ninguna entidad le daba financiación en esas fechas».

«No solo hay un incumplimiento administrativo, sino una infracción de la norma de la concesión de las ayudas, que podía ser otra de las vías que queda por analizar, porque la cuestión penal tiene preferencia. Y, además, si esta infracción supera esos límites hay una responsabilidad penal, porque ha pasado por manos de profesionales que no entregaron documentos», ha explicado Castro a la salida de los juzgados de la Plaza de Castilla.

El pasado 18 de enero, tanto los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado como los que firmaron el solicitado por la SEPI ratificaron las conclusiones que habían aportado en sendos informes al juzgado, por lo que no se disiparon sus diferencias sobre la situación patrimonial de la aerolínea.

Careo en enero

Según las fuentes jurídicas consultadas, los peritos independientes insistieron en que Plus Ultra se encontraba en «causa de disolución» al momento de recibir la ayuda aprobada por el Ejecutivo. En concreto, ratificaron el documento de 499 folios en el que explicaron que existían «dudas más que razonables» sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública.

Los expertos subrayaron la existencia del préstamo participativo con la entidad panameña Panacorp, suscrito en 2017, por importe de 7,5 millones de dólares, equivalente en el momento de su firma a 6,3 millones de euros. Y avisaron de las provisiones derivadas de dos procedimientos judiciales relativos a Plus Ultra. Los peritos del juzgado se han ratificado este martes en sus conclusiones. En cambio, los peritos de Deloitte y Daiwa Corporate Advisor –firmantes del informe encargado por la SEPI– mantuvieron sus conclusiones de que la empresa «no estaba en crisis» y reiteraron su opinión favorable para otorgar la ayuda, según señalaron fuentes jurídicas a Europa Press.

En un comunicado, la aerolínea lamentó que se tuviera que repetir el careo al considerar que su resultado se verá «irremediablemente condicionado» por la sesión del pasado 18 de enero. Insistieron en que esta situación supone mantener abierto el procedimiento judicial, algo que «daña gravemente la reputación e intereses comerciales de la aerolínea». Además, Plus Ultra se mostró «estupefacta» ante la decisión de la magistrada de rechazar su petición de aportar un análisis contable sobre el informe pericial encargado por el juzgado.

«Esta era la única prueba solicitada hasta la fecha por la compañía en el procedimiento penal. Por ello su derecho de defensa se ve gravemente lesionado y afectado con esta decisión, sin justificación, que vulnera derechos fundamentales y garantías mínimas que deben respetarse en el proceso penal», señaló la empresa tras insistir en que el análisis contable tenía una «importancia fundamental» para su defensa. Plus Ultra ha reclamado en varias ocasiones el archivo de la causa. Lo mismo han hecho la Abogacía del Estado y la Fiscalía Provincial de Madrid al considerar que no consta indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo.