Iglesias pierde una querella contra un espía... y el juez acusa al fiscal de alinearse con él

El juez de lo Penal número 31 de Madrid ha dictado sentencia absolutoria a favor del exmiembro del servicio secreto Diego Camacho, a quien el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, acusaba de los delitos de calumnia e injuria al acusarle, según él, de tener vínculos con narcotraficantes de Venezuela y con la financiación de Irán. En concepto de responsabilidad civil le pedía la cantidad de 18.000 euros por los daños morales sufridos.

El juez justifica detalladamente la sentencia a favor de Camacho y explica el papel que jugaba en la sociedad Pablo Iglesias en el momento en el que se produjo la controversia: «No se trata solo de un funcionario o autoridad agraviado con ocasión del desempeño de su cargo, sino de un vicepresidente del Gobierno y, como tal, abiertamente expuesto a la crítica que versa sobre su actividad política, que sin duda constituye un asunto de interés público».

En el capítulo de las costas, que no adjudica a ninguna de las dos partes, el juez incluye una motivación: «A lo largo del procedimiento se ha mantenido un alineamiento prácticamente total entre las posiciones acusatorias de Pablo Iglesias Turrión y el Ministerio Fiscal, tanto a nivel de calificación jurídico-penal como de dimensión y contenido de la prueba».

Elementos golpistas

El pasado 11 de mayo se celebró la vista oral y Pablo Iglesias aprovechó su intervención en su programa ‘La base’ para contar que había estado en el juicio y confiaba en la condena del exagente del CESID, antecesor del actual CNI. Y afirmaba: «El problema es que si alguien como Diego Camacho ha formado parte del CNI, a quien la señora Robles elogiaba tanto, eso de que el CNI es magnífico, allí no hay más que demócratas. Quizás no sea tan aventurado decir que uno de los grandes problemas de España es que no todo ha sido trigo limpio en lo que se conoce como el Estado profundo». Para, a continuación, concluir hablando de los elementos golpistas, en alusión a Camacho.

En este último comentario discrepo abiertamente del fundador de Podemos. Conocí a Diego Camacho hace 25 años y mi relación con él como fuente informativa me costó que el entonces director del CESID, Javier Calderón, montara una campaña contra mí, utilizando incluso a mi director en el semanario Tiempo, mi querido Pedro Páramo, para intentar desprestigiarme. «Sus fuentes -le contó Calderón- son perotillos», en alusión al reciente caso de Perote que había abandonado La Casa con las pruebas del espionaje a altos cargos, entre ellos el Rey, y de la relación del Gobierno con los GAL.

Calderón quería callar a Camacho y a sus compañeros Rando y Rey porque los había expulsado injustamente del servicio secreto. En concreto, Camacho se jugó la vida en defensa de la democracia por denunciar tras el golpe de Estado del 23-F que una parte del servicio había participado. 

Ese día comprobó por sí mismo y gracias a su antiguo compañero Juan Rando, también destinado en la unidad, que varios de los agentes y el propio Calderón, eran partícipes del intento de acabar con la democracia. No le afectó que le recomendaran que dejara la investigación, ni dejó de denunciar a los golpistas cuando le amenazaron y un pájaro muerto apareció sobre el capó de su coche. Se limitó a dormir cada noche en un lugar distinto. Un mes después, Calderón hizo un último intento para que abandonara la búsqueda de datos sobre los golpistas: le ofreció un ascenso, más dinero, cualquier cosa que pidiera. No lo hizo y gracias a espías militares como él supusimos con el paso del tiempo que el rey Juan Carlos estuvo relacionado con la trama.

Posteriormente fue enviado como delegado del servicio a Guinea, donde terminó siendo castigado curiosamente por haber obtenido una gran información. A principios de mayo de 1983, Camacho informa al Gobierno de que en los días siguientes se produciría un golpe de Estado contra Obiang. El presidente González pidió información al Ministerio de Asuntos Exteriores, que entró en cólera, lo negaron rotundamente y pidieron que el delegado del CESID fuese repatriado de inmediato. El 10 de mayo, un grupo de militares llevó a cabo un intento de golpe de Estado que acabo con el responsable, el sargento Venancio Micó, refugiado en la embajada española y provocando un conflicto gravísimo entre España y Guinea.

Paso por Marruecos

Más adelante estuvo destinado en Marruecos, un verdadero reto para Camacho, a quien no le importó jugársela para respetar los derechos humanos. Tres muchachos saharauis de El Aaiún pidieron asilo en nuestra embajada en Rabat. El embajador, Joaquín Ortega, fue partidario de entregarlos a la Policía para evitar que el gobierno alauí se irritara. Camacho le informó de las violaciones de los derechos humanos que se estaban produciendo en el territorio ocupado y de las desapariciones, que entonces alcanzaban ya a 500 personas; proponiéndole negociar con el servicio secreto marroquí, ante el que estaba acreditado, la salida de los tres a Ceuta. El mundo del revés: los diplomáticos dispuestos a entregarlos y los espías defendiendo el cumplimiento de la convención sobre Derechos Humanos, firmada por España dos años antes en Ginebra. El desenlace no pudo ser más surrealista: el embajador conduciendo a la embajada, en su coche oficial, a tres policías que se llevaron a los saharauis después de amenazarlos en la sede diplomática española. Camacho, expulsado de la Embajada, tuvo que alquilarse una oficina enfrente durante varios meses hasta que Exteriores consiguió que el director Alonso Manglano le cambiara de destino.

Con una carrera tan exitosa, que incluyó también Costa Rica y Francia, pocos años después fue expulsado del CESID. En 1997, 28 agentes tuvieron que abandonar el servicio por no ser idóneos para el espionaje. Una carrera tan importante y lo echaron. Hay una explicación. El presidente Aznar había designado director del servicio secreto a Javier Calderón, quien le prometió hacer una limpieza en el CESID echando a los que estuvieran implicados en tramas ilegales como la guerra sucia o el espionaje telefónico indiscriminado. La realidad fue que bajo ese pretexto, expulsó a Camacho y Rando, que denunciaron su participación durante el 23-F y a otros agentes como Manuel Rey, que había tenido problemas con una hija suya en el servicio.

Ninguno de los tres militares se quedó callado y defendieron su integridad ante los tribunales y los medios de comunicación. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, supo que Calderón le había metido un buen marrón pero decidió arrestar a Camacho un mes y medio y a Rey, un mes y un día.

Ah. El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Defensa del Congreso, Willy Meyer, visitó a los dos agentes para transmitirles el apoyo de su coalición y declaró que el arresto era injusto.