La Fiscalía de Perú ordena la detención del exministro de Transportes Juan Silva
El político se encuentra acusado de presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada
El presidente de Perú, Pedro Castillo ratifica como ministro de Transportes y Comunicaciones a Juan Francisco Silva. | Presidencia de Perú
La Fiscalía de Perú ha solicitado una orden de detención contra el exministro de Transportes Juan Silva Villegas. El político se encuentra acusado de varios delitos de organización criminal y colusión agravada y se suma a la prohibición que tenía impuesta para abandonar el país por 36 meses fruto de la sentencia del magistrado Juan Carlos Checkley, exministro del actual presidente Pedro Castillo.
La información, recogida en el diario El Mercurio y compartida por Europa Press señala que Silva estaba llamado a prestar declaración ante la Fiscalía el pasado 4 de junio por el caso Puente Tarata III, aunque no se presentó. Su abogado, sin embargo, ha asegurado que recibieron notificación de la referida diligencia.
«De acuerdo al ordenamiento jurídico que tenemos, el artículo 147 del Código Procesal Civil que se aplica en forma supletoria, establece que, entre la citación para la diligencia y la realización de ésta, deben transcurrir, por lo menos, tres días hábiles», ha explicado la defensa del exministro, según el citado periódico.
No obstante, después de que la Fiscalía ordenase la detención de Silva, la Policía ha informado de que ha perdido su ubicación y que no ha podido ejecutar su arresto.
Silva podría haber abandonado el país
Ante la sospecha de que el exministro hubiera podido salir del país, el director nacional de Migraciones, Jorge Fernández, ha asegurado que no es posible, según ha informado Diario Correo.
«La Superintendencia Nacional de Migraciones está a cargo de los puesto y controles fronterizos por ninguna de estas oficinas el señor Juan Francisco Silva Villegas ha salido del Perú», ha sostenido.
En presidente de Perú, Pedro Castillo, también está llamado a declarar como investigado por el caso Puente Tarata III.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
Para los abogados de Castillo, este caso es «una investigación muerta, que nunca debió abrirse«. Sus argumentos se basan en el artículo 117 de la Constitución de Perú que determina que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por hechos muy concretos y no por delitos comunes, y por eso considera que el caso es inconstitucional.
