La Policía confirma que la cúpula de iDental incurrió en fraude millonario y desvíos de dinero
Dos agentes han señalado que los propietarios de la compañía establecieron un entramado empresarial
Afectados por iDental de Girona protestan en la concentración ante las puertas del Ministerio de Sanidad. | Óscar J. Barroso (Europa Press)
Dos policías han declarado en el juicio a siete exdirectivos de iDental que el grupo defraudó a la Seguridad Social más de 23 millones de euros entre 2015 y 2018 y que mientras tenían deudas por este concepto desviaban dinero de su entramado empresarial a cuentas personales y para comprar inmuebles.
La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio a integrantes de las excúpulas de este grupo de clínicas y laboratorios bucodentales, para los que el fiscal pide penas de entre tres y seis años de prisión, multas de 3,5 millones a 90,3 millones de euros y el pago de indemnizaciones a la Seguridad Social por un total de más de 34 millones por la cantidad defraudada más los recargos e intereses.
Los policías que han comparecido como peritos han señalado que se detectaron impagos a la Seguridad Social desde que en 2015 se constituyeron las clínicas y los talleres dentales del grupo por sus creadores, los acusados Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, hasta que lo vendieron en 2017.
Han añadido que los impagos siguieron en la segunda etapa, entre 2017 y 2018, a raíz de la compra del grupo por parte de los también acusados Luis Sans Huecas y los hermanos José María y Juan Garrido López, y han considerado que en este periodo los imputados José Luis González Sánchez y Domingo Bejarano Calabuig actuaron como testaferros de los anteriores en la administración de las empresas.
«En esta segunda etapa el grupo dejaba de pagar a la Seguridad Social una media de un millón por mes» sumando datos de más de una veintena de direcciones provinciales de la Seguridad Social, ha subrayado uno de los policías autores del informe pericial.
iDental creó un entramado empresarial
Los peritos policiales han concluido que los acusados crearon un complicado entramado formado por más de medio centenar de empresas por toda España que dificultó a la Tesorería General de la Seguridad Social reclamar las deudas a los responsables que realmente estuvieran obligados al pago de los seguros sociales de «una cantidad muy importante de trabajadores».
Han agregado que además los acusados pedían a la Seguridad Social aplazamientos de pagos para paralizar los embargos de cuentas de empresas del grupo y aprovechaban para realizar vaciados patrimoniales desviando fondos a cuentas personales y para la compra de propiedades inmobiliarias.
«Nos llamó la atención esta estructura empresarial y su instrumentalización y que en una situación con problemas de impagos el grupo seguía gastando mucho dinero en publicidad mientras que no realizaba los seguros sociales de los trabajadores», ha comentado uno de los policías.
Esta vista, seguida por delito contra la Seguridad Social por parte de las excúpulas de iDental, corresponde a una pieza separada de la causa principal, aún pendiente de juicio, por presunta estafa y otros delitos por los que se vieron perjudicadas decenas de miles de personas tras el cierre de los 24 centros del grupo.
En la sesión de este miércoles han declarado como testigos dos exempleadas del grupo IOA, Institutos Odontológicos Asociados, que fue adquirido en 2015 por los acusados Luis Sans y los hermanos Garrido.
Una de ellas, una odontóloga que fue entre 2015 y 2018 directora médica en una clínica del grupo en Cataluña, ha recordado que en la última etapa empezaron a detectar irregularidades como que les obligaban a cobrar a los pacientes en metálico para lo cual les retiraron los datáfonos y una persona de la empresa iba una vez a la semana para recoger el dinero.
Igualmente una exresponsable del área de Laboral del grupo ha explicado que los impagos a la Seguridad Social comenzaron siendo puntuales y luego ya fueron generalizados y que pensaba que al solicitarse aplazamientos había voluntad de arreglarlo «pero ya de vio que no», ha apuntado.
Por su parte una mujer que trabajó como administrativa en la clínica de iDental en Alicante ha manifestado que ya en 2016 el grupo pidió aplazamientos de pago a la Seguridad Social.
