La Audiencia Nacional cita a once exjefes de ETA por el asesinato del juez Querol
El juez da el impulso procesal solicitado por la asociación DyJ, cuya querella permitió reabrir la causa sobre el atentado que causó la muerte del magistrado
El exjefe de ETA 'Mikel Antza' (dcha) declarará el 19 de noviembre por el asesinato del juez Querol. | Europa Press
El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a los once exjefes de ETA investigados por el atentado en el que fue asesinado el magistrado del Tribunal Supremo José Francisco de Querol. El juez Santiago Pedraz ha llamado a declarar a todos ellos como parte de la causa reabierta el pasado mes de diciembre para esclarecer la responsabilidad de la cúpula de la banda terrorista en el ataque con coche bomba que mató a Querol y otras tres personas: su chófer, su escolta y un conductor de autobuses de la EMT de Madrid el 30 de octubre del año 2000.
En una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Pedraz llama a declarar de forma presencial para el próximo 29 de noviembre a cinco exjefes de ETA: Asier Oyarzabal, alias Baltza; Mikel Albisu Iriarte, Mikel Atnza; Vicente Goicoechea Barandiaran, Willy; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, Txango; e Ignacio Miguel Gracia Aguirre, Iñaki de Rentería. Asimismo, el magistrado tomará declaración por videoconferencia un día después a otros seis exdirigentes etarras que cumplen condena en prisión, entre ellos Juan Carlos Iglesias Chouzas (alias Gadafi), María Soledad Iparraguirre Guenechea (Anboto) y Gorka Palacios Alday.
El juez Pedraz da así a esta causa el impulso procesal solicitado recientemente por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), cuya querella permitió reabrir en diciembre del año pasado el atentado que causó la muerte del magistrado Querol. La mañana del 30 de octubre de 2000, terroristas de ETA colocaron un coche bomba cargado con 20 kilos de dinamita en el número 60 de la avenida de Badajoz, en el barrio madrileño de La Concepción.
Los etarras accionaron el artefacto explosivo al paso de un vehículo oficial en el que viajaban el magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol y Lombardero, su chófer, Armando Medina Sánchez, y su escolta, Jesús Escudero García. La potente explosión acabó la vida de todos ellos e hirió de gravedad a Jesús Sánchez Martínez, conductor de un autobús de la Empresa Municipal de Transportes, que fallecería el 8 de noviembre. Otras 64 personas resultaron heridas. Más de 700 viviendas de 35 edificios sufrieron daños a causa de la explosión.
Once jefes de ETA investigados
En un escrito remitido recientemente al juzgado, DyJ solicitaba dar impulso procesal a esta investigación. Se trata de uno de los 379 crímenes totalmente impunes de ETA que han sido reconocidos por el Parlamento Europeo en su reciente resolución de abril de 2022. Un documento en el que la UE instaba a España a poner en marcha todos los mecanismos jurídicos a su alcance para hacer que todos los asesinatos se resuelvan y se consideren como crímenes de lesa humanidad.
La querella de DyJ que permitió la reapertura del atentado contra el juez del Tribunal Supremo va dirigida contra conce exjefes de ETA. La asociación que preside Daniel Portero, hijo del exfiscal jefe del TSJ de Andalucía asesinado por ETA Luis Portero, ha conseguido reabrir en los últimos meses al menos seis atentados y asesinatos en los que se busca procesar a los jefes de la banda mediante una novedosa tenaza jurídica: la utilización combinada de los delitos de autoría mediata por dominio de la organización y comisión por omisión, contemplados en el Código Penal y avalados por el Tribunal Supremo.
Esa fórmula jurídica, liderada por el abogado de DyJ Miguel Ángel Rodríguez Arias, ha permitido reabrir casos como el del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el atentado contra la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, además de los ataques contra el juez Querol, Sangüesa o el ataque con coche bomba que mató a una niña de seis años en Santa Pola en 2002. En este último y en el de Miguel Ángel Blanco, los extensos informes elaborados por la Guardia Civil y por la Policía Nacional han permitido dar impulso a la investigación, con la imputación de seis exjefes de la banda terrorista.
