El juez pierde el rastro de la millonaria estafa a la EMT de Valencia tras buscar en cinco países
La investigación cumple tres años en vía muerta, pese a solicitar pistas sobre los cuatro millones de euros estafados a China, EEUU, Israel, Kenia e Irlanda
El alcalde de Valencia, Joan Ribó (d), y su consejero de transportes y presidente de la EMT de Valencia, Giuseppe Grezzi. | Europa Press
En plena ola de críticas a Compromís por el repunte de la deuda de la EMT de Valencia, que asciende ya a 132 millones de euros, se cumplen tres años de la investigación judicial para encontrar a los responsables de una de las mayores estafas cibernéticas sufridas por una empresa pública en España. Unas pesquisas que se hallan en vía muerta, a pesar de que el juez ha requerido a cinco países pruebas y documentación para intentar dar con el paradero y la identidad de las personas que se apropiaron de cuatro millones de la EMT valenciana en septiembre de 2019 mediante la conocida como ‘estafa del CEO’.
Según documentos del caso, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha librado comisiones rogatorias a China, Israel, Kenia, Estados Unidos e Irlanda. Sin embargo, la causa penal se encuentra paralizada a la espera de que las pruebas remitidas por esas naciones permitan estrechar el cerco sobre los autores de la estafa. La última diligencia ordenada por el juez se produjo en julio. Y fue simplemente para prorrogar la instrucción otros seis meses, tras la solicitud de impulso procesal requerida por la propia EMT, que depende del Ayuntamiento gobernado en coalición por Compromís, PSOE y València en Comú.
En la causa figura únicamente como imputada la extrabajadora pública Celia Zafra. En una reciente entrevista en este medio, explicó cómo unos estafadores la engañaron mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos en los que se hacían pasar por abogados de una conocida consultora y por el propio presidente de la EMT y concejal de Transportes del Ayuntamiento, Giuseppe Grezzi. Ese engaño y una serie de presuntas negligencias u omisiones en los procedimientos de control internos y bancarios permitieron que se hicieran cuatro transferencias por importe de cuatro millones de euros, entre el 3 y el 20 de septiembre de 2019, a dos cuentas bancarias en Hong Kong por una operación para comprar autobuses en China que resultó ser ficticia.
Estafa a la EMT: la rama china
Tras descubrirse que todo fue un engaño, Zafra fue despedida a pesar de llevar 38 años como empleada de la EMT y contar con una hoja de servicios intachable. La EMT llevó el asunto a la Justicia. La exfuncionaria es actualmente la única persona imputada en la causa, pero ninguno de los informes del caso ni los testimonios de los trabajadores de la empresa pública y del banco que autorizó los pagos a China apuntan a que se lucrase con la estafa. De ahí que, a petición de algunas de las partes personadas (Fiscalía, EMT y Ayuntamiento como acusación; Caixabank como posible responsable civil subsidiaria; y Celia Zafra como imputada), la investigación virase en el año 2020 hacia intentar dar con el rastro del dinero y de las personas responsables de la estafa.
Tras una primera comisión rogatoria enviada a China, se confirmó que los cuatro millones de euros de la EMT fueron enviados a cuentas bancarias en Hong Kong a nombre de dos empresas, JC Trade Co y Shengyi Tranding, en las que aparecían como beneficiarios dos ciudadanos chinos llamados Jialiang Zuo y Yuanxin Lai y a quienes los investigadores identifican como «testaferros» de los estafadores. Según un informe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, remitido al juzgado en 2020, las dos mercantiles que recibieron el dinero de la EMT sirvieron de puente para transferir inmediatamente los fondos a un total de 24 empresas chinas «con el fin de diluir el rastro del dinero, siendo muy complicado y lento seguir su rastro».
A petición de las autoridades españolas, la Justicia china abrió un juicio civil contra los dos presuntos testaferros y las mercantiles utilizadas como puente. Ambos fueron condenados por la Justicia china a devolver a la EMT el dinero defraudado. Sin embargo, los acusados ni siquiera pudieron ser localizados y no se personaron en el juicio, por lo que los fondos nunca han sido devueltos por los testaferros chinos ni sus empresas. Las mercantiles estaban inactivas en el momento del juicio. Según la sentencia y los documentos aportados por el país asiático al Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, tampoco se llegó a determinar adónde fue a parar el dinero después de ser transferido a las 24 empresas que recibieron los fondos de las dos mercantiles que fueron utilizadas como puente para diluir el dinero estafado a la EMT.
Rastro telefónico en Kenia e Israel
En paralelo a la infructuosa búsqueda del rastro del dinero en China, y a instancias de la Policía Nacional, la Fiscalía solicitó al juez emitir otras dos comisiones rogatorias a Israel y a Kenia. Tras pedir a Movistar el registro de las llamadas recibidas por Celia Zafra de los estafadores, los investigadores identificaron que al menos una de ellas se había realizado desde un número cuya extensión internacional correspondía al país africano (+254).
Asimismo, tras analizarse el correo electrónico utilizado por los estafadores para hacerse pasar por un abogado de Deloitte, la Unidad de Delitos Tecnológicos determinó que el número de teléfono y la dirección IP de esa cuenta de correo electrónico, creada en septiembre de 2019, estaba asociada a proveedor de servicios de Internet ubicado en Israel.
Para entonces, la Policía Nacional ya decía que estaba «bastante claro» que Celia Zafra había sido inducida «a engaño» para enviar a los estafadores en un archivo en PDF con las firmas de sus dos superiores jerárquicos en la EMT de Valencia que eran los únicos autorizados para realizar las transferencias y que se encontraban de baja en el momento en que se produjo la estafa. La falsificación de esos documentos y firmas fue utilizada por los estafadores para culminar un engaño que llevaron a cabo tras una minuciosa investigación de ingeniería social.
«Es claro que se ha efectuado un estudio completo de ingeniería social con el fin de captar toda la información necesaria para poder efectuar la estafa, utilizando números ocultos no rastreables, una cuenta de correo electrónico abierta desde Israel y varios elementos que dan anonimato a las personas que han efectuado el engaño, porque está claro que es una organización de personas la que está orquestando esta acción delictiva», indicaba la Unidad de Delitos tecnológicos en otro informe.
Búsqueda en Irlanda y EEUU
La búsqueda en Kenia e Israel tampoco ha permitido por el momento dar con la identidad ni la localización de los estafadores. El juez a cargo del caso ha emitido otras dos comisiones rogatorias a Irlanda y Estados Unidos. Al país europeo se le pedía que Google aportase cualquier información sobre la cuenta de Gmail utilizada por los estafadores utilizada para hacerse pasar por un presunto abogado de la consultora que asesoraba en temas fiscales y jurídicos a la EMT de Valencia. Asimismo, se solicitaba a las autoridades de Irlanda que enviasen todas las comunicaciones enviadas y recibidas en esa cuenta de correo electrónico entre el 1 y el 30 de septiembre de 2019.
En la petición a Estados Unidos se requería a la empresa SenGRid Inc, con sede en Colorado, que facilitase todos los datos personales y bancarios que disponga sobre el cliente al que asignaron las IPs relacionadas con el dominio www.cnmv.pw y la persona que registró el email [email protected], utilizados por los estafadores para perpetrar su engaño.
En una diligencia de ordenación del 3 de junio de 2021, el juzgado dijo haber recibido traducción de la respuesta de Irlanda a la comisión rogatoria. Sin que conste aún en la causa el contenido de la misma. Asimismo, de la petición efectuada las autoridades keniatas no constaba ninguna información referente al número de teléfono identificado por la Policía Nacional.
En sucesivos escritos presentados por la defensa de Caixabank para solicitar la prórroga de la investigación, se hace hincapié en la necesidad de esperar al resultado de las pruebas obtenidas en las comisiones rogatorias enviadas por el juzgado a los cinco países antes mencionados. En su último auto, en el que prorrogaba la instrucción hasta diciembre de 2022, el juez hacía alusión a la «complejidad de las diligencias» y la posibilidad de que sea necesario practicar nuevas diligencias en virtud del resultado de las pruebas que puedan ser obtenidas.
Una única imputada
Sin embargo, y a pesar de que desde hace dos años la Policía apunta a que la estafa fue cometida por una organización delictiva de personas que indujo a Celia Zafra al engaño, esta última sigue en calidad de investigada en el procedimiento penal que dirige el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Y esto, a pesar de que en tres años de investigación no se ha acreditado indicio alguno de que la ex trabajadora de la EMT se lucrase con la estafa de la que dice ser víctima.
Ahora Celia Zafra tiene todos sus bienes embargados porque el Tribunal de Cuentas la condenó en junio por negligencia a devolver a la EMT los cuatro millones de euros, más intereses, que desaparecieron en la estafa. La sentencia, que ha sido recurrida por la ex empleada pública, determinó que no hubo dolo ni lucro en su actuación. Sin embargo, determinaba que «actuó de forma gravemente negligente», que no procedió con «la diligencia mínima exigible» y que «asumió y ejerció, con plena conciencia, funciones que correspondían a otros cargos directivos de la sociedad».
La denuncia ante el Tribunal de Cuentas la interpusieron el PP y Ciudadanos en busca de aumentar la presión sobre Giuseppe Grezzi, concejal de Transportes de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia y presidente de la EMT. La empresa pública no se adhirió a la denuncia, pero dejó a Celia Zafra sola, en medio de «la tormenta perfecta». Cuando el Tribunal de Cuentas dictó sentencia, el propio Grezzi anunció a bombo y platillo la resolución judicial y aseguró que por fin la EMT recibiría el dinero defraudado. Sonriente, posó con la sentencia ante los medios y dijo que el fallo acreditaba que «la EMT sí tenía todos los protocolos de control en vigor, pero que esa persona se los saltó». Asunto zanjado para un concejal de Compromís cuya renuncia por este asunto podría haber dejado en minoría al gobierno municipal que preside el alcalde Joan Ribó con al apoyo del PSPV y València en Común.
