La Audiencia Nacional cita como investigado a un auditor de las cuentas del Banco Popular
Jose María Sanz Olmeda, que dirigió las auditorías anuales de la sucursal entre 2009 y 2015, tendrá que declarar el 25 de enero
Fachada de la Audiencia Nacional. | Europa Press
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigado al auditor de PricewaterhouseCoopers (PwC) José María Sanz Olmeda, que dirigió las auditorías de las cuentas anuales del Banco Popular entre los años 2009 y 2015. Toma la decisión después de que el magistrado corrigiese a los peritos del Banco de España y les solicitara un nuevo «cálculo ad hoc» sobre las cuentas efectuadas por la consultoría en una causa que cumple ya cinco años de instrucción.
El magistrado acepta la petición de varias acusaciones particulares con el visto bueno de la Fiscalía. Sanz Olmeda tendrá que personarse en la Audiencia Nacional el 25 de enero a las 9.00 horas, según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Acudirá a la declaración con el estatus procesal de investigado dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en la causa que se investiga en el Banco Popular.
La resolución explica que, hasta ahora, en la causa figuraban como investigados el auditor de PwC del año 2016 y la propia entidad como persona jurídica. Ya se inadmitió en 2018 una querella contra Sanz Olmeda, pero ahora el magistrado de la Audiencia Nacional considera pertinente su declaración como investigado.
Investigación en la Audiencia Nacional
Calama explica en el auto que la ardua y compleja instrucción practicada ha ido perfilando unos hechos que, con carácter provisional, permiten afirmar que «las cuentas anuales del año 2015 del Banco Popular ocultaban un déficit de provisiones generado por el incumplimiento consciente de las normas contables contenidas en el anejo IX de la Circular 4/2004 del Banco de España».
El magistrado de la Audiencia Nacional recuerda que fue PwC la firma auditora del Banco Popular durante los años 2015 y anteriores y que Sanz Olmeda fue el máximo responsable de la auditora en la planificación y ejecución de los trabajos de auditoría en dicha entidad financiera desde 2009 a 2015.
«De lo hasta ahora instruido, se puede afirmar que los auditores de PwC no detectaron las importantes carencias de provisiones originadas por una anómala clasificación crediticia (desde la óptica del riesgo) y por una gestión contable de los activos adjudicados, que, en buena parte, se apartó del cumplimiento del referido anejo IX de la Circular 4/2004», concluye el juez.
La semana pasada, Calama emitió otro auto en el que daba a los peritos del Banco de España nuevas directrices con las que poder esclarecer las preguntas planteadas por la Fiscalía y el propio magistrado. Los inspectores Teodoro Fernández y Álvaro López comparecieron el pasado 15 de noviembre para ratificar el contenido de su informe de tasaciones, en el que apreciaban una sobrevaloración de 384 millones en los valores de referencia de los inmuebles para encubrir un déficit de coberturas de 244 millones en el ejercicio de 2015.
Durante su declaración, los abogados de PwC cuestionaron la muestra de 100 inmuebles elegida por los expertos del Banco de España y preguntaron a los inspectores si en su informe habían tenido en cuenta determinada información documental que se había enviado desde la auditora a los peritos a través del juzgado, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario.
Los peritos del Banco de España respondieron de forma negativa y afirmaron que la calidad de los datos aportados por el Juzgado para la realización de su informe ampliatorio era «deficiente, existiendo una gran cantidad de incoherencias, defectos e inconsistencias». Los inspectores del organismo regulador concluyeron en su informe ampliatorio que solo 12 de los 100 inmuebles analizados reflejaban una «tasación admisible», un extremo que descartaron los representantes de PwC.
