Un juez valora por primera vez rebajar condenas por malversación tras la reforma de Sánchez
Un juzgado de la Audiencia Nacional ha consultado a la Fiscalía Anticorrupción que revise las peticiones de penas por el ‘caso Acuamed’
Fachada de la Audiencia Nacional. | Carlos Luján (Europa Press)
La rebaja del delito de malversación emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez comienza a hacerse notar en los tribunales. Un juzgado de la Audiencia Nacional que investiga un caso de corrupción que afecta tanto al PSOE como al PP ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise las posibles penas para los condenados atendiendo a la reforma del Código Penal del Ejecutivo, lo que llevaría a una menor condena atendiendo a la nueva horquilla, tal y como ha adelantado Okdiario.
El instructor del ‘caso Acuamed’ -que investiga varias irregularidades en contratos concedidos por los gobiernos de socialistas y populares– ha prorrogado la causa durante tres meses más a la espera de la decisión de la Fiscalía, a quien ha solicitado que estudie si la reforma aprobada por el Senado tendrá como consecuencia que los principales sospechosos, que se enfrentaban a penas de nueve años de prisión, vieran reducido su tiempo en prisión a entre uno y cuatro, casi la mitad en el mejor de los casos.
La solicitud del instructor va dirigida a la fiscal de Anticorrupción Inmaculada Violán y tiene como objetivo certificar si, tal y como desvela el citado medio, se debe pasar la causa a sumario ordinario, aplicable en los casos en los que los hechos delictivos superan los nueve años de prisión, y al procesamiento de los implicados atendiendo a la nueva horquilla penal.
Ahora se debe decidir entre mantener la situación actual o pasar a un procedimiento abreviado, lo que en caso de darse reduciría el castigo.
La malversación y el Gobierno
La propuesta del Gobierno tenía como meta satisfacer las demandas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), planteadas durante la negociación de los presupuestos generales del Estado sostenidos por la formación nacionalista.
Varios expertos juristas consultados por THE OBJECTIVE advirtieron en su momento del riesgo que constituía emprender este plan ante la probable rebaja de penas de algunos políticos implicados en casos de corrupción condenados en firme, ya que la legislación española obliga a aplicar la condena más beneficiosa para el reo (algo similar a lo que ocurre con las rebajas en las penas de delincuentes sexuales por la ley del solo sí es sí del Ministerio de Igualdad, que ya ha beneficiado a más de 135 condenados).
El caso Acuamed salpica a los dos grandes partidos de España, aunque de diferentes formas. En el caso de los populares, se analizan las adjudicaciones durante la etapa de Miguel Arias Cañete al frente del Ministerio de Agricultura, cuando se detuvieron a una decena de personas acusadas de inflar los contratos públicos y que están siendo investigados por varios delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental o fraude.
En la parte socialista, se investiga se la formación se financió de forma irregular (aunque en lugar de llevarse en la Audiencia Nacional, el caso se encuentra en un juzgado de Valencia. El monto total superaría los 20 millones de euros.
