Las defensas de 'Kitchen' preparan recursos por la rebaja de la malversación de Sánchez
El caso se mantiene pendiente a la espera de la decisión de la Fiscalía Anticorrupción si termina acusando a los implicados por este delito
El extesorero del PP Luis Bárcenas. | Pool (Europa Press)
Las defensas de los principales procesados por la ‘Operación Kitchen‘, relativa al presunto espionaje orquestado desde el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra el extesorero del PP Luis Bárcenas para robarle información sensible, se encuentran a la espera del escrito de acusación de Fiscalía para pedir cambios por la reforma del delito de malversación diseñada por PSOE y ERC.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que, aunque ya se han presentado los escritos de las acusaciones populares y de la particular, consideran que la acusación que finalmente formule la Fiscalía Anticorrupción será determinante, por lo que creen necesario esperar a ver si incluyen el delito de malversación y en qué términos.
Según las citadas fuentes, la línea de defensa de los principales acusados se basa en que no hubo malversación porque no hubo un uso ilícito de los fondos reservados con los que, presuntamente, se habría financiado la ‘Operación Kitchen’. No obstante, algunas defensas avanzan que, si finalmente el Ministerio Público acusa por malversación, replicarán que no hubo enriquecimiento ilícito por parte de sus clientes.
En THE OBJECTIVE ya adelantamos que las defensas de este y otros casos de corrupción se preparaban para recurrir las condenas de sus clientes ante la rebaja emprendida por el Gobierno en beneficio de los líderes de ERC.
La ‘Kitchen’, pendiente de los escritos
En cualquier caso, las fuentes consultadas aseguran que los escritos de acusación ya presentados -los de PSOE, Unidas Podemos y los Bárcenas- tendrán que modificarse en tanto que la citada reforma afectaría de lleno a sus calificaciones.
En ‘Kitchen’ las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos, reclaman respectivamente una condena de 47 años y 41 años de cárcel para Fernández Díaz, al que la investigación judicial ha situado como el presunto ‘cerebro’ de ‘Kitchen’, un operativo ilegal del que también habrían participado su ex secretario de Estado Francisco Martínez, el exDAO Eugenio Pino y comisarios como José Manuel Villarejo.
Bárcenas, por su parte, ha pedido más de 40 años de cárcel para Fernández Díaz al tiempo que ha solicitado que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal testifique en el juicio.
Las tres acusaciones han solicitado que se abra juicio oral contra los once procesados: Fernández Díaz, Martínez, Pino, Villarejo y los ex mandos policiales Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; así como el ex chofer de los Bárcenas Sergio Ríos.
Anticorrupción todavía está a expensas de que el Juzgado Central de Instrucción Número 6, que ha investigado el caso, le dé acceso a la documentación íntegra relativa a esta pieza de ‘Tándem’ para formular su escrito de acusación.
Posibles rebajas penales
Ya el pasado mes de diciembre fuentes de la Fiscalía Anticorrupción reconocieron que tendrían que cambiar la acusación esbozada para ajustarla a la nueva configuración del delito de malversación, la cual suponía rebajar las penas actuales allí donde se observe que no hay ánimo de lucro o donde la conducta delictiva consista en usar el dinero para un fin distinto al previsto.
Esas mismas fuentes auguraban entonces que el goteo de revisiones no se restringiría únicamente a los escritos de acusación de ‘Kitchen’ y otros casos, sino que se espera igualmente una sucesión de revisiones de condenas firmes, apuntando como ejemplo a la dinámica generada por la entrada en vigor de la conocida como ley del solo sí es sí.
Cabe recordar que la reforma de la malversación dibuja tres supuestos distintos: cuando haya ánimo de lucro, manteniendo las penas anteriores (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación); y dos tipos nuevos: uno sin ánimo de lucro para «usos privados» (de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años) y otro para cuando lo malversado va a un fin distinto al previsto (de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación).
