Varios imputados del 'caso Popular' llamarán a declarar a los tasadores del Banco de España
En su comparecencia ante el juez, el socio auditor de PwC defendió las cuentas de la entidad y puso en duda las conclusiones de los peritos del Banco de España
Banco Popular. | Europa Press
El caso Popular pone el foco ahora sobre las presuntas irregularidades en las tasaciones inmobiliarias de la entidad. Tras la reciente declaración ante la Audiencia Nacional del último investigado en la causa, el socio auditor de PwC José María Sanz Olmedo, algunos de los imputados van a pedir al juez que llame declarar a los peritos del Banco de España que realizaron un informe en el que se apuntaban a una «multitud de errores, defectos y deficiencias» en las tasaciones de los activos inmobiliarios de la entidad, que fue adquirida por el Banco Santander a cambio de un euro en 2017, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE.
En su declaración ante el magistrado José Luis Calama, que duró más de cuatro horas, Sanz Olmedo defendió a capa y espada todas las cuentas del Banco Popular durante el periodo en el que actuó como auditor externo, entre los años 2009 y 2015. Es decir, durante la etapa de Ángel Ron en la presidencia de la entidad y antes de la llegada de Emilio Saracho.
Parte del interrogatorio al socio auditor de PwC, compañía que también figura como investigada en la causa junto a los dos expresidentes de la entidad bancaria, se centró en el informe ampliatorio en el que los peritos del Banco de España concluyeron que el Popular debería haber reflejado pérdidas por casi 1.020 millones de euros en sus cuentas del año 2015, en vez de beneficios por 106 millones de euros.
El auditor puso en cuestión las conclusiones de los inspectores del organismo regulador respecto a las tasaciones y aseguró que los criterios contables utilizados por el Banco Popular fueron los mismos que PwC utilizaba para tasar los adjudicados de otras entidades bancarias españolas. Según su versión, en general todas las compañías del sector aplicaban los criterios ECO (recomendados por el Banco de España) para los activos nacionales y los criterios RICS (validados internacionalmente por el Banco Central Europeo) para los inmuebles que la entidad poseía fuera de España.
Diferencias contables
Sanz Olmedo se mostró sorprendido por las diferencias contables señaladas por los peritos del Banco de España, al entender que tantos los criterios ECO como los RICS son muy similares e igual de exigentes. Y también puso en duda la muestra de activos y la metodología seleccionada por los peritos del organismo regulador para el informe ampliatorio de 2021.
De ahí que, tras la nueva prórroga de tres meses en la instrucción del caso aprobada por el juez, algunos de los imputados vayan a pedir al magistrado Calama que llame a declarar de nuevo a los expertos del Banco de España para que aclaren los criterios y la muestra elegida para hacer su informe sobre tasaciones inmobiliarias del Popular.
No obstante, Sanz Olmedo reconoció que en algunos casos el Popular también aplicó los criterios RICS para propiedades registradas por el Banco de España, pero defendió la legalidad de la actuación ya que no fue hasta 2016 cuando una circular del organismo regulador estableció como obligatorio el uso de los criterios ECO para los activos registrados en España.
Metodología del Popular
«La metodología RICS era aceptada en España. Lo relevante es que el método de valoración sea acorde al tipo de bien. Es decir, que la valoración se corresponda con el tipo de bien que es (si es un suelo, un suelo; si es una vivienda, una vivienda)», indicó Sanz Olmedo, según fuentes jurídicas consultadas por este diario. Asimismo, y al ser preguntado por los abogados de una de las defensas, el socio auditor de PwC explicó que en sus auditorías se hacía una «muestra dirigida basándose en el riesgo». Se buscaban los acreditados de mayor riesgo y se seleccionaron 4.070 activos, frente a los poco más de 100 elegidos por los peritos del Banco de España en su muestra.
Como resultado de ese trabajo, se identificaron 77 millones de euros, frente al agujero de 135 millones de euros señalado por los peritos del Banco de España en su informe de tasaciones del Popular. Sanz Olmedo señaló como «inadmisible» que el análisis de un 30% de los activos pudiera dar como resultado una diferencia contable tan grande como a señalada por el organismo regulador en su informe ampliatorio. Y añadió que la CNMV exigió que la información sobre los criterios utilizados para las tasaciones formase parte de las cuentas anuales del Banco Popular desde 2014 y así se hizo tanto ese año como el siguiente, según su versión.
«Sesgo retrospectivo»
En este contexto, el auditor criticó el «sesgo retrospectivo» de las revisiones sobre tasaciones y acreditados de los peritos del Banco de España. Según Sanz Olmeda, la revisión de la calidad de los activos realizada por el Banco Central Europeo en 2014 con la colaboración de Deloitte ya tuvo en cuenta los acreditados que se examinaron posteriormente en la inspección. El responsable de PwC esgrimió ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 que no cabía aplicación retrospectiva alguna de la circular 4/2016, por lo que el Consejo del Banco Popular habría contabilizado bien los cálculos.
Sanz Olmeda, según las citadas fuentes, habría explicado que su interlocutor era normalmente el jefe interventor de la entidad y que nunca tenía reuniones con el Consejo de Administración ni con el entonces presidente del Popular, Ángel Ron. El único encuentro que mantuvieron, añadió, fue antes de que el Tribunal Supremo dictase una sentencia referida a las cláusulas suelo. Por último, el auditor sostuvo que en ningún momento hubo requerimiento alguno de PwC o de los supervisores que el Banco Popular no cumpliese.
