Igualdad cuestiona el número de rebajas por la 'ley del sí es sí' y cree que no llegan «ni a 30»
Victoria Rosell ha insistido en que «la mala calidad de la información» está «mezclando» revisiones con «alegaciones o apelaciones»
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. | Europa Press
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha cuestionado este lunes el número de rebajas de penas a agresores sexuales por la aplicación de la Ley del solo sí es sí y ha insistido en que la nueva norma impulsada por el Ministerio de Igualdad «no baja las penas».
«No hay 300 revisiones ni la décima parte tampoco todavía. No creo ni que lleguen a 30», ha señalado Rosell en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que el departamento liderado por Irene Montero se haya mostrado dispuesto a retocar las penas mínimas de la ley en cuestión pero sin tocar el consentimiento y el PSOE, por su parte, haya optado por presentar de inmediato una propuesta de reforma del sí es sí con independencia de que la apoye Podemos.
A su juicio, «la mayoría» de jueces no ha revisado sentencias de condenados por agresiones sexuales desde que entró en vigor la Ley del solo sí es sí y ha insistido en que «la mala calidad de la información» está «mezclando» revisiones con «alegaciones o apelaciones», por lo que «todo eso que están contando como revisiones no son auténticas revisiones», ha matizado.
Desde la entrada en vigor de la llamada del Ley del solo sí es sí el pasado 7 de octubre se han producido ya 338 rebajas de penas, nueve de las cuales las ha realizado el Tribunal Supremo y han supuesto por el momento 23 excarcelaciones de delincuentes sexuales.
Sin embargo, Rosell ha insistido en que al Supremo «no ha llegado ningún caso de revisión». «El Supremo no ha dictado ninguna sentencia de un caso de revisión comparando ambos códigos», ha aclarado, haciendo hincapié en que todas las que se están contando como revisiones «no son auténticas revisiones».
Dicho esto, ha señalado que entiende la «alarma social» que está creando «terror sexual» entre las mujeres pero ha reiterado que se está echando «la culpa a la ley»: «Las decisiones judiciales en su inmensa mayoría no son bajadas obligatorias sino plenamente facultativas, porque las penas cabían en la anterior. Son decisiones judiciales que tenemos que respetar pero que no responsabilicen al texto de una ley».
Al hilo, Rosell ha arremetido también contra la «mala calidad» de la información que, a su juicio, «mezcla revisiones con alegaciones o apelaciones a la ley en sentido peyorativo, cuando son muchas más la que no se están revisando y, por lo tanto, muchos más jueces que sí están comprendiendo este nuevo sistema», ha zanjado.
Preguntada por cómo se podría acabar con la imagen de inseguridad que se proyecta en la sociedad y si va a haber un acuerdo para que concurra a la revisión conjuntamente entre ambos socios del Gobierno, Rosell ha asegurado que descarta que «no haya un acuerdo» y que se actúe unilateralmente, al tiempo que ha recordado que Podemos ha ofrecido retoques a la ley que son «factibles».
