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El juez del 'caso Villarejo' rechaza archivar la causa para el exjefe de Seguridad de Iberdrola

El magistrado asegura que existen «indicios suficientes de su participación en los delitos» que se le imputan

El juez del ‘caso Villarejo’ rechaza archivar la causa para el exjefe de Seguridad de Iberdrola

Entrada a la Audiencia Nacional | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del ‘caso Villarejo’ ha descartado archivar la causa para el exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo al descartar que puedan «considerarse prescritos los delitos» que se le atribuyen, relativos a los presuntos encargos que el ahora comisario jubilado habría realizado para la energética.

En un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, desestima la solicitud formulada el pasado 30 de diciembre por la defensa de Asenjo. En el citado escrito, su representación instaba al archivo de las actuaciones y al sobreseimiento de los hechos referidos al proyecto ‘Wind’.

El magistrado se alinea con lo manifestado por la Fiscalía Anticorrupción e incide en que «no procede el sobreseimiento de la causa por razones materiales, al entender que existen indicios suficientes de su participación en los delitos de cohecho activo y contra la intimidad objeto de investigación». Y es que, apunta el juez, «son varios los proyectos de investigación que indiciariamente habría encomendados a José Manuel Villarejo cuando éste se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía».

«Entre otros se encontraría el proyecto Wind del año 2011 que, según indica el informe Wind, responde a un ‘encargo profesional’ realizado por Iberdrola Renovables, que habría actuado a través del investigado Antonio Asenjo Martín», apunta García Castellón. Ese proyecto encomendado presuntamente por Iberdrola Renovables en 2011 habría llevado a CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, a investigar a Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario, Chrisopher Kaap, y a su apoderado, Cornelius Dica.

«Avalado» por la declaración de Asenjo

«Asimismo», continúa el juez, «destaca dicho informe que los trabajos de investigación preliminar desarrollados se realizaron a fin de recabar la información precisa para valorar si el ‘proyecto encomendado’ podía realizarse».

El magistrado incide en que «todo ello viene avalado, no solo por la documentación citada, sino también por el propio Asenjo quien, en su declaración judicial de 4 de febrero de 2020 reconoció que, ante la imposibilidad de obtener información sobre unos socios de Rumanía a través del CNI, contactó con el (socio de Villarejo) Rafael Redondo y finalmente CENYT (el grupo empresarial del comisario) se hizo cargo de la encomienda».

«Añade, además, que llegó a reunirse con Villarejo, a quien facilitó la información detallada de que disponía, y que, incluso, el informe elaborado por CENYT ‘fue preliminar pero muy interesante porque ya se deducía que no eran trigo limpio'», recuerda el juez. Y, con respecto, al precio, el instructor recuerda que Asenjo señaló en su declaración «que asumió sin reparos el hecho de que en la factura se hicieran constar desplazamientos pese a conocer que no se habían hecho y que el importe no le pareció elevado».

Por todo ello, el instructor asegura que «consta la participación de Asenjo en el denominado proyecto Sugus, desarrollado en el año 2010 y que se habría centrado en Gustavo Buesa, quien fue consejero de Iberdrola Renovables entre abril de 2010 y julio de 2011, y en todos los demás objeto de investigación en la presente pieza».

«En ningún caso pueden considerarse prescritos los delitos objeto de investigación ya que no ha transcurrido el plazo de diez años desde el último encargo realizado –proyectos Wind de 2011 y proyecto Sugus de 2010– hasta que por el Ministerio Fiscal, mediante escrito de 18 de noviembre de 2019, se interesó se recibiera declaración judicial a Antonio Asenjo en calidad de investigado, lo que así sucedió con fecha 3 de febrero de 2020», concluye el magistrado.

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