El CGPJ pide a Justicia que cree 15 plazas en el Supremo para evitar el colapso por las vacantes
Los nuevos letrados servirían para cubrir el vacío de los 19 magistrados que han dejado el Alto Tribunal ante la imposibilidad de realizar nuevos nombramientos
La situación en el Tribunal Supremo es «insostenible». El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves remitir al Ministerio de Justicia el informe del Gabinete Técnico del Alto Tribunal sobre el impacto que está provocando en su funcionamiento la imposibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces pueda realizar nombramientos discrecionales por tener el mandato caducado. El texto insiste en la necesidad de crear 15 plazas de letrados para cubrir las 19 vacantes actuales y evitar así el colapso.
El informe, aprobado el 16 de enero por la Sala de Gobierno del Supremo, alerta de «una situación crítica e insostenible» que está causando en este órgano judicial la imposibilidad de cubrir las vacantes, que alcanzan ya un cuarto de la plantilla de 79 magistrados. El problema puede ir a más, ya que en los próximos meses las vacantes ascenderán a 24, lo que supone más de un 30% de sus miembros.
Tras tomar conocimiento del informe, la Comisión Permanente del Supremo ha acordado este jueves hacer suyas las propuestas de medidas de apoyo que realizó la Sala de Gobierno. Por eso van a solicitar al Ministerio de Justicia que autorice la creación de 15 plazas de letrado para las salas Tercera y Cuarta del Alto Tribunal, que son las que suman un mayor número de vacantes.
Menos sentencias en el Supremo
El texto que sirve de base para esta solicitud estima necesaria la creación de ocho plazas de letrado en la Sala Tercera y de siete en la Sala Cuarta. La intención es que sean cubiertas por magistrados de las jurisdicciones contencioso-administrativa y social, respectivamente.
La función de esos letrados sería asistir a las secciones de enjuiciamiento mediante el estudio y documentación de asuntos pendientes, permitiendo así que se dicte un mayor número de sentencias. Según el informe del Gabinete Técnico, solo entre esas dos salas, este año se dictarán 1.230 sentencias menos (570 en contencioso y 660 en social).
La Comisión Permanente también ha aprobado remitir al Congreso y al Senado tanto su acuerdo como el informe de la Sala de Gobierno del Supremo. La Sala de Gobierno del Alto Tribunal ya instó a las Cortes a ofrecer una solución «inmediata» a mediados de enero.
El bloqueo comenzó en marzo de 2021, cuando entró en vigor una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial auspiciada por los PSOE y Podemos, partidos que conforman el Gobierno. La norma prohíbe al CGPJ realizar nombramientos de altos cargos en la judicatura mientras esté caducado, algo que sucede desde hace más de cuatro años.