García-Castellón propone juzgar a 21 personas por contratos Púnica en consistorios de Madrid
El magistrado de la Audiencia encuentra indicios para juzgar al exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y al empresario David Marjaliza
Fachada de la Audiencia Nacional. | Europa Press
El caso Púnica irrumpe en la precampaña electoral del 28-M. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha finalizado la investigación en la pieza 5 y propone juzgar a 21 personas por contratos en los ayuntamientos de las localidades madrileñas de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. El magistrado encuentra indicios para juzgar al exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, al empresario David Marjaliza y a su mujer, Adela Cubas.
García-Castellón cree que existen pruebas suficientes para sentar en el banquillo por el caso Púnica a otros tres exalcaldes y varios altos cargos de Valdemoro, al antiguo regidor de Moraleja de Enmedio y a técnicos municipales y personas vinculadas a Marjaliza.
El auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, archiva la causa totalmente para dos personas y parcialmente para otras siete. Concretamente, en lo referente a dos de los expedientes vinculados a los procesos de licitación de la empresa Recuperaciones Oasis. El magistrado da un plazo de diez días a las acusaciones para formular el escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Delitos de la Púnica
Los hechos, según el instructor del Juzgado Central de Instrucción número 6, serían constitutivos de los delitos de cohecho en concurso real con un delito de prevaricación administrativa y revelación de información reservada y secretos, tráfico de influencias, fraude, cohecho de particular en concurso con un delito de prevaricación administrativa, aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero y cohecho de persona jurídica.
García-Castellón explica en la resolución que se ha centrado en investigar la contratación administrativa llevada a cabo en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. Estas pesquisas «han permitido constatar una serie de prácticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa».
En todos los contratos de Púnica, indica el juez, se constata una influencia directa o indirecta por parte del empresario David Marjaliza sobre quienes tiene la referida responsabilidad. «Se trata de lograr que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación sea precisamente aquella que al empresario interesa en cada caso».
El magistrado de la Audiencia Nacional sostiene que se pueden distinguir diversos supuestos entre los contratos sujetos a investigación. En uno de ellos el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación y concurría en el procedimiento a través de alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control. En otros, influía en los responsables del procedimiento y lograba la adjudicación del contrato pese a no concurrir en la misma los presupuestos necesarios.
El papel de Marjaliza
El auto constata la existencia de contratos en los que Marjaliza concurría al procedimiento de licitación mediante alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control, lograba la adjudicación del contrato a través de la influencia ejercida, y causaba un perjuicio económico injustificado a los consistorios que padecieron la trama Púnica.
En Valdemoro se han investigado, entre otros, los contratos de gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER), las concesiones administrativas de cafeterías, parking, servicio municipal de grúa, explotación de instalaciones deportivas e incluso los servicios de recogida de ropa y zapatos usados. Según el juez, el punto de partida siempre era Marjaliza y su vinculación con determinados cargos y autoridades locales buscaban obtener contratos administrativos disfrutando de un trato privilegiado.
El magistrado relata cómo Marjaliza era informado con suficiente antelación sobre el inicio de estas licitaciones, para poder preparar la documentación necesaria con evidente ventaja sobre posibles rivales, asegurándose así su adjudicación. Explica que su influencia en determinados cargos públicos de Valdemoro resultaba especialmente relevante en orden, bien a la obtención privilegiada de información respecto a los procesos de licitación, bien en su capacidad de influir en la toma de decisiones.
Con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento económico, el empresario logró la adjudicación directa de diversos contratos menores, «prescindiendo de las más elementales normas de contratación administrativa y fraccionando de forma sucesiva una prestación que se debía haber ofertado públicamente mediante el correspondiente concurso público para su licitación».
El auto también describe los contratos en los que participó Marjaliza en Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle y apunta que como contrapartida de las adjudicaciones, el empresario pudo haber sufragado encuestas de contenido político como «una de las fórmulas empleadas por David para el pago por los favores obtenidos desde el Ayuntamiento para beneficiar a sus empresas».
