Los juristas solicitan tribunales específicos de delitos climáticos por el aumento de litigios
Un centro internacional cifra en 2.242 los casos abiertos en el mundo, 16 en España. El CGPJ sigue sin plantearse la creación de salas especiales
Emisiones atmosféricas procedentes de una compañía eléctrica en Cataluña. | Jordi Boixareu (Zuma Press)
Tres organizaciones ecologistas iniciaron en 2020 el primer pleito contra el Gobierno por su inacción ante el cambio climático. Denunciaron que España lleva años emitiendo gases de efecto invernadero por encima del límite establecido. Los litigios climáticos contra las administraciones públicas han aumentado notablemente en los últimos años, por lo que los juristas solicitan tribunales específicos y una formación adecuada para enfrentarse a ellos, como ya sucede en más de 50 países, como Canadá o Chile. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin plantearse la creación de salas especiales.
El Instituto Grantham de Investigación sobre el Cambio Climático y el Medio Ambiente de Londres cifra en 2.242 los litigios climáticos abiertos en el mundo, 16 de ellos en España. Uno de los más mediáticos es el que presentaron Greenpeace, Oxfam y Ecologistas en Acción sen septiembre de 2020. La demanda se basó en un informe de dos expertos, Margarita Ruiz Ramos y José María Baldasano, que pidieron «ser más ambiciosos y más rápidos tomando decisiones».
El Tribunal Supremo rechazó la apelación de la Abogacía del Estado para sobreseer el caso, que está pendiente de la decisión final. Los ecologistas son conscientes de la dificultad que entraña condenar al Gobierno, algo que sí sucedió en Francia. En febrero de 2021, un tribunal de París declaró culpable al Estado francés por faltar a sus propios compromisos para combatir el cambio climático.
Cambio climático
En nuestro país los recursos son de lo más variopinto: por el Prestige o de compañías que se sienten agraviadas con las decisiones del Consejo de Ministros, especialmente por la asignación de créditos de emisiones. «Contamos con un gran número de normas de protección de nuestro planeta que van desde convenios internacionales hasta leyes y reglamentos, pero hay un déficit evidente en su aplicación», señala Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), un think tank creado en 1997.
Barreira considera «esencial» que los futuros jueces reciban formación climática ante «un muy probable aumento de recursos judiciales» sobre los que tendrán que pronunciarse. Su organización lleva dos décadas solicitando tribunales o salas específicas para dar respuesta a la crisis ambiental. Incluso realizaron una petición a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que mediara ante la anterior responsable de Justicia, Dolores Delgado, aunque sin éxito.
En la actualidad, los litigios climáticos se dirimen en los tribunales contencioso-administrativos o por vía penal, por lo que «no se abordan de forma específica». Barreira considera que sería necesario crear salas específicas en los tribunales superiores de justicia y en los juzgados de primera instancia, aunque «lo más urgente es formar a la judicatura».
La oferta actual es insuficiente: se limita a unas asignaturas vinculadas con el medio ambiente durante la carrera (sin tocar el tema climático) y algo más específico en la Escuela Judicial, donde acuden los profesionales tras aprobar las oposiciones. Los jueces en activo también pueden realizar cursos, pero pocos los hacen por estar «desbordados». Lo ratifica un magistrado del Tribunal Supremo que reconoce que la judicatura debe «adecuarse a los tiempos».
Sin recursos ni conocimientos
«No contamos con recursos ni con conocimientos para abordar este tipo de casos», reconoce otro colega que ejerce en primera instancia. Sin embargo, el CGPJ no ha hecho ninguna referencia a esta problemática en sus informes ni prevé por el momento crear salas específica para acometer los delitos climáticos, confirma una portavoz del órgano de gobierno de los jueces.
Una posición que contrasta con el aumento de litigios. «La sociedad está cada vez más preocupada por los asuntos medioambientales y climáticos. Las denuncias han aumentado y seguirá así en los próximos años», subraya Barreira. En su opinión, la creación de tribunales y salas específicas serviría para agilizar las cuestiones relacionadas con el cambio climático, aunque advierte de que deben dotarse de recursos y «no quedar en una mera declaración de intenciones».
Demorar la creación de esos tribunales y mejorar la formación de la judicatura supondría condenar al medio ambiente a «cambios irreversibles», reconoce Barreira. La organización que dirige celebró hace unos días unas jornadas para fomentar la concienciación sobre el problema. La abogada medioambiental Alba Iranzo aseguró que «visto el nivel de vulnerabilidad de España ante la crisis climática es más necesario que nunca contar con profesionales especializados».
«Las emisiones de gases de efecto invernadero no dejan de aumentar y el clima sigue cambiando», destacaba el viernes la Organización Meteorológica Mundial durante la presentación de su informe anual sobre el estado del clima del planeta en 2022. Desde la temperatura global (los últimos ocho años son los más cálidos desde que se tienen cifras), a la subida del nivel del mar, la agudización de las sequías y el deshielo de los glaciares. Un reto mayúsculo para las próximas décadas.
