Los impagos del Gobierno a las renovables elevan la factura otros 250 millones de euros
Las empresas perjudicadas por el recorte en las ayudas públicas estiman un importante perjuicio en concepto de sobrecostes judiciales e intereses financieros
Instalación de placas solares en Ceclavín, Extremadura. | Gustavo Valiente (Zuma Press)
La estrategia del Gobierno de negarse a pagar los laudos internacionales por la retirada de ayudas a las energías renovables cuesta a España 248 millones de euros. Esa es la cantidad que ha aumentado la factura por los intereses de demora, según las estimaciones de las empresas afectadas. Equivale al 21% de la cifra que debe abonar el Estado si se limita a cumplir los procedimientos resueltos, que ya supone un agujero de 1.161 millones, aunque la cifra podría aumentar. La cuantía extra responde a sobrecostes judiciales e intereses financieros.
José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2007 un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Las ayudas alcanzaban el 40% del importe de las estructuras, lo que suponía una gran rentabilidad para los inversores. Seis años más tarde, con Mariano Rajoy en el Gobierno, se modificó ese régimen perjudicando a las empresas que habían comenzado a recibir las ayudas. Las compañías denunciaron que la nueva normativa mermaba sus ingresos.
España acumuló 51 procedimientos ante el Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir los pleitos relativos a las inversiones internacionales. Ya ha resuelto una veintena, el 90% favorables a las empresas, que cifran en 1.161 millones la cantidad que debe pagarles el Estado. El monto podría aumentar porque todavía quedan una treintena de litigios pendientes de resolución.
La estrategia del Gobierno
Las compañías afectadas estiman que la estrategia que sigue el Gobierno, que se niega a pagar esos laudos desfavorables, costarán al contribuyente 248 millones más: 129 por sobrecostes judiciales y otros 119 por intereses financieros. La documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE desglosa ambos conceptos. Por la vía de los gastos judiciales, España ha desembolsado 71 millones en la contratación de bufetes de abogados y otros 58 millones por las condenas en costas.
Por otro lado, la demora en el pago de los 21 laudos que obligan a España a resarcir a los afectados con una serie de indemnizaciones que suman 1.161 millones de euros, habría generado ya unas obligaciones financieras adicionales de 119 millones. «El Gobierno ha caído en el error de pensar que estos procedimientos se pueden ignorar sin consecuencias», admiten fuentes de las empresas perjudicadas.
En las últimas semanas, tribunales británicos y australianos han obligan al Estado a saldar las deudas reconocidas por un órgano de arbitraje bajo amenaza de confiscar sus bienes en esos países. El embargo pesa sobre la propiedad del Instituto Cervantes en Londres, la embajada comercial de la Generalitat de Cataluña y la congelación de las cuentas bancarias que controla en el Reino Unido el organismo encargado de difundir la lengua, la cultura y las costumbres españolas por todo el mundo.
La Corte Suprema de Australia también ha fallado a favor de la compañía Antin Infrastructure Services, a la que el Gobierno adeuda 101 millones de euros como consecuencia de los recortes a las primas de las energías renovables. Además, hay procesos abiertos en una decena de países, todos de primer orden económico, entre ellos EEUU. Las compañías han seleccionado a conciencia lugares donde existen suficientes activos que embargar.
«Socava el orden jurídico»
El Informe sobre el Cumplimiento del Arbitraje de Tratados de Inversión 2022, elaborado por el especialista Nikos Lavranos, sostiene que España es el segundo país del mundo, solo por detrás de Venezuela, que más infringe la resolución de los laudos internacional. El documento destaca que la omisión de estas obligaciones «socava el orden jurídico internacional». Las empresas afectadas afirman que estos impagos supone un escenario de inseguridad jurídica para nuestro país.
Un fondo de inversión de EEUU afectado por los impagos, Blasket Renewable Investments LLC, presentó hace unos días un aviso de incumplimiento técnico contra España. La compañía exige que se acelere el pago de un bono de 226 millones de euros que vence en 2029, ya que nuestro país no ha resuelto ninguno de los laudos arbitrales relacionados con el conflicto sobre los incentivos a las energías renovables. Para ello ha exigido la ejecución de cuatro emisiones de deuda pública española.
Un estudio realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con motivo de los presupuestos de 2023 incluye una mención a estos casos en su análisis de pasivos contingentes y riesgos fiscales. Los técnicos afirman que, de acuerdo con la información publicada en la Cuenta de la Administración General del Estado en 2021, «sigue abierto el litigio de las energías renovables».
El documento revela que «aunque el Gobierno considera improbable tener que indemnizar a las empresas demandantes, el importe de los laudos desfavorables asciende a 1.175 millones (el informe fue publicado en octubre), por lo que es un riesgo que sigue vivo y que puede afectar a las cuentas de los próximos ejercicios».
