El 'caso Popular' entra en su recta final tras el espaldarazo de PwC a las cuentas de Ron
La instrucción en la Audiencia Nacional llega a su fin tras casi seis años. Los peritos del Banco de España se negaron a aplicar la retroactividad que les pedía el juez
Ángel Ron, expresidente del Banco Popular. | Europa Press
La investigación de la Audiencia Nacional sobre el caso Popular se aproxima a su fin. Se acaban de cumplir tres meses desde la última prórroga acordada por el juez José Luis Calama, sin que las acusaciones ni los imputados hayan solicitado una nueva ampliación en el plazo de instrucción. Después de cinco años y medio de investigación, la sensación generalizada que transmiten las fuentes del caso consultadas por THE OBJECTIVE es de agotamiento absoluto.
Las diligencias practicadas desde enero no han arrojado mucha más luz ni han permitido abrir nuevos caminos para esclarecer los hechos que se investigan: la caída en picado de las acciones de una entidad financiera, el Banco Popular, que consiguió resistir a la crisis del 2008 sin ayudas públicas pero acabó abocada a su resolución en 2017. A pesar de contar con un patrimonio de unos 11.000 millones de euros en activos, el problema de liquidez de la entidad (provocado por una salida masiva de depósitos tras una crisis reputacional) hizo que acabase en manos del Banco Santander a cambio de un euro.
En lugar de abrir nuevas vías de investigación, las dos principales novedades de estos últimos tres meses en la Audiencia Nacional, por el contrario, parecen haber cerrado algunas de las tesis a las que apuntaban el juez instructor y las acusaciones. Por un lado, el último informe aportado a la causa por PwC ha supuesto un espaldarazo a las cuentas publicadas durante la etapa de Ángel Ron como presidente del Banco Popular; es decir, hasta diciembre de 2016.
Espaldarazo de PwC a Ron
La antigua firma auditora del Popular está imputada en la causa junto a Ron y al también expresidente de la entidad Emilio Saracho (diciembre 2016-julio 2017). El final de la instrucción ha mostrado que PwC concluye la instrucción con una estrategia de defensa más próxima a las tesis de Ron que a las de Saracho, mientras que este último atribuye las culpas desde el inicio de la causa a su antecesor y al que fuese consejero y accionista mayoritario de la entidad, el mexicano Antonio del Valle.
La otra novedad principal de los últimos tres meses de instrucción del caso Popular lo han protagonizado los peritos del Banco de España. Los inspectores a los que el juez Calama había solicitado un nuevo informe ampliatorio dieron calabazas, educada y razonadamente, a las pretensiones del magistrado. Los peritos del Banco de España se negaron a aplicar la retroactividad que Calama les había pedido para saber cuáles habrían sido realmente las cuentas del Banco Popular hasta diciembre de 2015, si hubiese aplicado antes una circular del Banco de España cuyo cumplimiento empezó a ser obligatorio en octubre de 2016.
Durante todo el procedimiento, Ron ha defendido que los criterios internacionales seguidos durante su gestión al frente de la entidad eran perfectamente válidos frente a la circular del Banco de España que no era de obligado cumplimiento. Asimismo, el expresidente de la entidad -que sale reforzado con las dos principales novedades en el caso durante los últimos meses de instrucción-había recibido anteriormente el apoyo de PwC en cuanto a las tasaciones de inmuebles que también habían sido cuestionadas por la Fiscalía y por el juez.
La tercera gran novedad en el caso en el último trimestre también apuntala las tesis de Ron. Se trata de un informe pericial de parte elaborado por Antonio Iturriaga Miñón, perito en excedencia del Banco de España, que concluye que las cuentas anuales de 2015 y 2016 (los dos últimos con Ron como presidente) reflejaban la «imagen fiel» de la institución.
Caso Popular: ¿Ron vs Saracho?
La instrucción del caso Popular comenzó en octubre de 2017, apenas cuatro meses después de que la Junta Única de Resolución acordara finiquitar el banco, señalando la gestión del último presidente de la entidad financiera, Emilio Saracho, que se hizo cargo de un banco con problemas de imagen, pues el precio de la acción descendía como consecuencia de ataques a corto y la publicación de noticias que en muchos casos resultaban ser falsas o exageradas. Las diligencias dejaron en evidencia que los consejeros desconocían el objeto con el que se convocó la reunión que dio lugar a la resolución del banco y su posterior venta al Santander por un euro, pero no profundizaron más allá.
Saracho reclamó ser desimputado en varias ocasiones al entender que no había ningún tipo de prueba contra él, pero el juez José Luis Calama, titular del Juzgado 4 de la Audiencia Nacional e instructor del caso, rechazó en todo momento las pretensiones del expresidente del Popular, que hoy por hoy continúa investigado, tras alegar que el propósito de las pesquisas era, entre otras cosas, el proceso que llevó a la resolución de la compañía.
La vía del Santander
Santander también reclamó dejar de ser considerado posible responsable civil subsidiaron en el procedimiento, condición que le llevaría a hacerse cargo de las pérdidas económicas que considere el tribunal, pero Calama denegó su petición. En Europa el banco presidido por Ana Botín ya ha conseguido que ninguno de los accionistas del Popular que perdieron todo su dinero cuando la entidad pasó a manos de Santander pueda reclamarle cantidad alguna, pero en la causa de la Audiencia Nacional, por lo tanto, la posibilidad de que el primer banco de España se rasque el bolsillo aún continúa abierta debido a esa negativa de Calama de retirarle la condición de potencial responsable civil.
Posteriormente, las diligencias se encaminaron más hacia la etapa del predecesor de Saracho en el cargo, Ángel Ron, que había dejado la entidad meses antes de la resolución. El juez Calama reclamó informes al Banco de España con el fin de evaluar la gestión de Ron y dirimir si había habido algún tipo de comportamiento que pudiera ser considerado delictivo. Los peritos concluyeron entonces en sus informes que el banco tenía un problema de liquidez, pero no de solvencia, pues contaba con más de 11.000 millones de euros en activos y su estructura no revelaba otras preocupaciones más allá de los que resultaban de los mencionados daños reputacionales provocados, entre otros extremos, por los ataques a corto contra la entidad.
Portazo del Banco de España al juez
Calama sin embargo pidió a los peritos que revisaran su informe desde un nuevo punto de vista, el recálculo de los resultados si el consejo del banco no hubiera tenido en cuenta las normas contables internacionales sino las que en su momento sugería el propio Banco de España, y reclamó en paralelo un informe sobre decenas de tasaciones que la entidad había tenido que llevar a cabo de nuevo por si detrás de ellas hubiera habido algún tipo de objetivo oculto. Los peritos han dicho recientemente al juez que no cabe aplicar la retroactividad solicitada por segunda vez por el juez.
Ya en un informe ampliatorio realizado a instancias del magistrado hace un año, los inspectores del Banco de España concluyeron que los resultados del banco hubieran sido sustancialmente más bajos con esa nueva contabilidad. En concreto, infirieron que habría arrojado pérdidas por valor de 1.194 millones. Este recálculo fue duramente censurada por la defensa de Ron, ejercida por el abogado José Antonio Choclán, quien criticó la pericial, pues en el momento de la contabilidad Popular tenía obligación de atenerse a la normativa internacional.
El informe de tasaciones, por su parte, no arrojó resultados que mostraran algún tipo de evidencia delictiva. Asimismo, Calama encargó a la Policía Nacional un nuevo informe que tenía la finalidad de analizar la estrategia comercial del banco por si hubiera habido una orden de la presidencia para refinanciar de forma camuflada la ampliación de capital de 2016 y por si ésta hubiera estado relacionada con la posterior deriva bajista de la entidad, extremo que las diligencias de los agentes no resolvieron. Éstas se limitaron a concluir que el banco en todo caso había llevado a cabo en momentos puntuales -y más bien por iniciativa de algunos directores de sucursales- una política comercial «agresiva» para lograr que los clientes acudieran a la ampliación.
