Nueva condena de 25 millones a España por el impago del Gobierno a las renovables
La resolución eleva hasta los 1.186 millones la cantidad que debe satisfacer nuestro país en virtud a los procedimientos resueltos por el tribunal de arbitraje
Parque de energía eólica en La Rioja. | Ramón Costa (Zuma Press)
La factura de España por el impago del Gobierno a las empresas afectadas por la retirada de ayudas a las renovables aumenta. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (Ciadi) ha emitido un nuevo laudo que obliga al Ejecutivo a indemnizar con 24,9 millones de euros a Infracapital. El organismo dependiente del Banco Mundial también le condena a abonar las costas judiciales y los intereses de demora. La resolución eleva hasta los 1.186 millones de euros la cantidad a satisfacer, aunque la cifra podría aumentar porque aún quedan una veintena de denuncias por resolver.
José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2007 un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Las ayudas alcanzaban el 40% del importe de las estructuras, lo que suponía una gran rentabilidad para los inversores. Seis años más tarde, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó ese régimen perjudicando a las empresas que habían comenzado a recibir las ayudas. Las compañías denunciaron que la nueva normativa mermaba sus ingresos.
El fondo británico Infracapital, que integra compañías de Luxemburgo y Países Bajos, interpuso la demanda de arbitraje ante el Ciadi en junio de 2016. La compañía reclutó para su defensa al despacho londinense Dunn & Crutcher y a la oficina madrileña de Allen & Overy.
La posición del Gobierno
El presidente designado para el tribunal, José Emilio Nunes Pinto, renunció y tuvo que ser sustituido por el mexicano Eduardo Siqueiros que, tras años de deliberaciones, concluyó el proceso en febrero. A partir de entonces se afanó en la redacción del fallo, que acaba de hacerse público. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el organismo internacional ya se ha puesto en contacto con el Gobierno para pedirle que acate las sentencias.
Las empresas afectadas por los 22 laudos contrarios para los intereses de España se quejan de «la inseguridad jurídica» que están generando los impagos. El cambio en la concesión de ayudas a las compañías de energías renovables hizo que nuestro país acumulara 51 procedimientos ante el Ciadi, una institución que se encarga de dirimir los pleitos relativos a las inversiones internacionales. Las compañías afectadas han obtenido la razón en el 90% de los casos.
Las reclamaciones alcanzan ya los 1.186 millones de euros, pero la factura podría elevarse hasta los 2.000 millones porque aún faltan por resolverse una veintena de denuncias. Una cantidad a la que habría que sumar más de 250 millones en concepto de intereses de demora. El escenario podría haber sido peor, ya que los fondos afectados por la reforma de las ayudas a las energías renovables reclamaban al Gobierno indemnizaciones cercanas a los 7.500 millones de euros.
El Gobierno ha maniobrado para no tener que hacer frente a estas peticiones millonarias. Su estrategia pasa por pedir la anulación de los procedimientos del Ciadi a pesar de que nuestro país está vinculado a asumirlos como miembro de la Carta de la Energía, que protege a las inversiones de las compañías frente a los cambios regulatorios de los países firmantes.
España ya ha solicitado abandonar el tratado firmado en los años noventa. De momento, el Gobierno se aferra a una decisión de Bruselas, que obligaría a que los casos pasen por el Tribunal de Justicia de la UE en lugar del organismo de arbitraje del Banco Mundial. La Comisión Europea considera ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales bilaterales entre países miembros por ser contrarios al derecho comunitario.
Las compañías afectadas por los impagos han acudido a la justicia ordinaria. Piden que las cantidades que les adeudan sean compensadas a través de la incautación de bienes soberanos del Estado.
Tribunales británicos y australianos han obligan recientemente a España a saldar las deudas reconocidas por un órgano de arbitraje bajo amenaza de confiscar sus bienes en esos países. De momento, el embargo pesa sobre la propiedad del Instituto Cervantes en Londres, sus cuentas bancarias y la embajada comercial de la Generalitat de Cataluña.
