Fiscalía estudia las listas de Bildu que incluyen etarras condenados a petición de las víctimas
Dignidad y Justicia solicitó su ilegalización al considerar que la participación de 44 personas condenadas por terrorismo vulneraría la Ley de Partidos
Otegi participa en un acto de Bildu este jueves en Pamplona. | Eduardo Sanz (Europa Press)
La Fiscalía se abre a estudiar las listas de Bildu. Como adelantó este diario, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha solicitado formalmente su ilegalización al considerar que la participación de 44 personas condenadas por terrorismo en sus listas para las elecciones municipales y autonómicas del 28-M podría vulnerar la Ley de Partidos. El Ministerio Público avanza que tomará la decisión que proceda respecto a la apertura o no de diligencias una vez analice la denuncia.
En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la organización que preside Daniel Portero solicita a la Fiscalía estudiar no solo la proscripción de la formación política vasca, sino que se adopten medidas cautelares (entre la que se incluiría la paralización de las listas de Bildu) contra los candidatos al considerar que podrían estar vulnerando el artículo 9 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).
El artículo en cuestión establece que se pueda ilegalizar un partido cuando «incluyan regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas». El Ministerio Público ha recibido la denuncia este viernes y, en aplicación de lo dispuesto en una circular del pasado 20 de diciembre, ha decidido proceder a su registro. Tras el análisis preceptivo, decidirá si abre o no diligencias.
Candidatos de Bildu
Dignidad y Justicia alerta en su texto de que «están concurriendo a las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco sujetos que han sido condenados por delitos de terrorismo». Insiste en que «siete de ellos por asesinato terrorista y que concurren como candidatos en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas, con la consiguiente humillación y vilipendio que causa a las víctimas del terrorismo».
La organización que preside Portero (hijo de Luis Portero, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en 2000) sostiene que, en esas circunstancias, el deber y la obligación del Estado de Derecho es «ser especialmente cautelosos y escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para poder concurrir como candidatos a unas elecciones». Para ello pide a la Fiscalía que compruebe si estos candidatos han cumplido sus respectivas condenas.
En su denuncia, Dignidad y Justicia recuerda que existen precedentes en los que se ha podido acreditar que sujetos condenados por terrorismo han concurrido a unos comicios, a pesar de no tener cumplida la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Recuerdan los casos de Iker Casanova Alonso (la propia Fiscalía General del Estado concluyó que, al no haberse especificado en su sentencia a qué empleo o cargo afectaba esa pena, la inhabilitación no había podido ser ejecutada) o Arnaldo Otegi, excluido de las listas de Bildu en 2016 tras una sentencia de la Audiencia Nacional.
Asesinatos no resueltos
De demostrarse que alguno de los candidatos no ha cumplido con sus penas de inhabilitación absoluta o especial para el empleo o el cargo público, el escrito recuerda que se estaría incurriendo en un delito de quebrantamiento de condena y que, además, se darían condiciones de inelegibilidad del artículo 6.3 de la Loreg.
Las víctimas reiteran que algunos de los candidatos tampoco habrían colaborado con la Justicia para esclarecer los 379 asesinatos no resueltos. Sería el caso de Lander Maruri y Asier Uribarri, candidatos en los Ayuntamientos de Ciérvana y Maruri-Jatabe respectivamente.
En 1997 habrían ayudado a tres miembros del Comando Donosti que asesinaron al guardia civil José Manuel García Fernández realizando un seguimiento de los pasos y las actividades diarias del agente. Dos de los homicidas murieron. El tercero sigue fugado y ninguno de los políticos de Bildu se ha pronunciado sobre su paradero tras más de 20 años.
