Los funcionarios de Justicia llevan a una juez a los tribunales por permitir actividad en la huelga
Los sindicatos alegan que los juicios no debieron celebrarse y denuncian un presunto delito de usurpación de funciones, penado con hasta tres años de prisión
Funcionarios de Justicia piden ante el ministerio una subida salarial. | Marta Fernández (Europa Press)
Los funcionarios de Justicia están decididos a defender sus derechos a toda costa. El comité de huelga ha llevado a los tribunales a una juez y a una letrada de la administración de Justicia por permitir que se celebraran varios juicios sin la presencia del auxilio judicial, que estaba de huelga. Los sindicatos alegan que estas vistas no debieron celebrarse porque no formaban parte de los servicios mínimos. Acusan a los demandados de una presunta usurpación de sus funciones, que puede conllevar penas de hasta tres años de prisión.
Los hechos tuvieron lugar la semana pasada. El comité de huelga los denunció el viernes ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga. El texto, al que ha tenido acceso THE OBJETIVE, acusa a la magistrada y a la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella (Málaga) de «celebrar los juicios sin la presencia del auxilio judicial que estaba ejerciendo su derecho de huelga».
La denuncia la interpusieron los miembros del comité de huelga, conformada por representantes de CSIF, UGT, CCOO y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). Los sindicalistas reprochan a la juez y a la letrada de la Administración de Justicia que celebraran los juicios sin la presencia, obligatoria y necesaria, del funcionario del cuerpo de auxilio.
Justicia en guerra
El comité de huelga les imputa un presunto delito de usurpación de funciones, previsto en el artículo 402 del Código Penal y castigado con hasta tres años de prisión. Fuentes sindicales explican a este diario que no se tratan de hechos aislados, ya que durante los paros de la pasada semana habrían contabilizado media docena de casos simulares, la mayoría en Andalucía.
En dos juzgados de Jaén se produjeron cuatro actuaciones sin que mediara la intervención del funcionario del cuerpo de auxilio judicial: dos juicios y dos audiencias previas. «Nunca debieron producirse porque no eran servicios esenciales», revelan los sindicalistas. Por eso formalizaron una queja ante la juez decana, a la que solicitan que tome las medidas oportunas para que no vuelva a suceder. En caso contrario, acudirán a los tribunales, como ya han hecho en Marbella.
La mayoría de los funcionarios de Justicia de Jaén se encontraban el pasado martes en una concentración de protesta cuando un compañero advirtió al comité de huelga de que se estaban produciendo hechos «muy graves» tanto en el Juzgado de Primera Instancia número 1 como en el de Instrucción número 4. Los sindicalistas acudieron al primero de ellos para comprobarlo de primera mano.
Un funcionario de Justicia que contempló lo sucedido relata que vieron «cómo una procuradora llamaba a los citados con la connivencia del magistrado». Le afearon su comportamiento porque estaba extralimitándose de sus funciones. «Entró en la sala, pero a continuación salió una letrada de la administración de Justicia con los DNI de los citados en la mano y comenzó a llamarles sin mediar palabra».
Informar al CGPJ
«Se arrogaron la potestad de unas funciones que no les correspondían», insiste otro sindicalista. El texto que registraron ante el decanato de Jaén revelaba que tanto la procuradora como la letrada de la administración de Justicia «realizaban funciones propias del funcionario del cuerpo de auxilio judicial» y que, tras ser advertidas, continuaron, lo que puede ser «constitutivo de delito al vulnerar el derecho a huelga de los funcionarios». También estudian elevar el asunto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los funcionarios de Justicia llevan promoviendo movilizaciones, paros parciales y huelgas puntuales de 24 horas desde finales de marzo. Reclaman un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes, en lía del incremento que recibieron los letrados de la administración de Justicia tras dos meses de paros. Además, solicitan que se paralice la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, en tramitación parlamentaria, porque «impone nuevas condiciones laborales sin negociación previa».
Como el Gobierno no les ha presentado aún ninguna oferta económica, los sindicatos han decidido convocar una huelga indefinida a partir del 22 de mayo. Los jueces y fiscales también tiene previsto iniciar ese día una huelga. Pospusieron la fecha en busca de un acuerdo que no llega. El Ministerio de Justicia ha presentado este martes una nueva propuesta, pero no ha mejorado la oferta económica de 46,7 millones de euros. Las asociaciones responderán mañana en una nueva reunión.
