La asociación mayoritaria de jueces anuncia que no firmará el acuerdo con Justicia
En un comunicado de 11 folios, la asociación ha indicado que no va a firmar «por varias razones» que le llevan a calificar el acuerdo de «insuficiente e indigno»
El vocal del Comité Ejecutivo de la APM, Juan José Carbonero. | Europa Press
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de los jueces, ha anunciado que el martes se desmarcará de las otras seis asociaciones y no firmará con Justicia el acuerdo –que contempla una subida de 450 euros al mes que se aplicará a toda la carrera judicial y fiscal– porque lo considera «insuficiente, indigno e inaceptable» y, a su juicio, «va a lastrar durante muchos años la capacidad económica de los jueces».
Así se ha pronunciado este viernes la APM en un comunicado después de que ayer, al término de la quinta reunión de la Mesa de Retribuciones, asegurara que aún estaba en fase de negociación, que no descartaba ningún escenario y que hasta el momento de la firma había «tiempo de acercar posiciones».
En un comunicado de 11 folios, la asociación ha indicado que no va a firmar «por varias razones». «La decisión que hemos adoptado no ha sido fácil, sabemos que es una decisión comprometida y, seguramente, difícil de comprender para algunos, pero lo hemos hecho desde el convencimiento de que es un acuerdo nefasto para todos nosotros, del que nos arrepentiremos pronto y que hiere profundamente y durante mucho tiempo nuestro régimen retributivo», han señalado desde la APM.
Aunque seis de las siete asociaciones han accedido a la propuesta, solo dos de ellas –Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ambas de corte progresista– se han mostrado satisfechas con la oferta. Las otras cuatro –Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– han asegurado que «la propuesta no es en absoluto satisfactoria», que no colma sus «legítimas reivindicaciones económicas y que no atiende las «necesidades de inversión en medios de Justicia que los ciudadanos demandan».
