Jueces y fiscales firman la subida de 450 euros al mes aunque lamentan la falta de unanimidad
Pese a la negativa de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el pacto firmado este martes afectará a toda la carrera judicial y desactiva la huelga
(I-D) La presidenta de Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus Ferrer; el vocal del Comité Ejecutivo de la APM, Juan José Carbonero y la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herreros. | Europa Press
Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales han firmado con el Ministerio —tras cinco reuniones y una amenaza de huelga— una subida de 450 euros al mes, un acuerdo que, según el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, «hubiera sido mejor» de haber contado con el apoyo de la asociación mayoritaria de jueces. Eso sí, pese a la negativa de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el pacto firmado este martes afectará a toda la carrera fiscal y judicial, incluidos los propios asociados de esta organización, y aleja definitivamente el fantasma de la huelga, ya que hasta la APM la ha dejado en suspenso.
Viada ha reconocido que como firmantes no están «satisfechos» con el pacto alcanzado con los Ministerio de Justicia y Hacienda. «Satisfechos no es la palabra, pero creemos que estas condiciones era lo máximo que se podía conseguir«, ha señalado a los medios de comunicación al tiempo que ha recalcado que «los acuerdos regulares son los que ayudan a ir avanzando». «Creo que tenemos que aprender algunas cosas y, entre esas cosas, que cuando vamos a reclamar algo tenemos que reclamarlo todos juntos. Creo que esa es la lección que tenemos que ir aprendiendo para futuras reclamaciones», ha apuntado.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha destacado en declaraciones a la prensa que el acuerdo no es el que hubieran deseado, «pero sí es cierto que es un avance y deja abiertas las opciones a seguir trabajando para seguir resolviendo cuestiones que afectan a la Administración de Justicia y a las carreras profesionales». Este martes, el acuerdo se ha suscrito sin la participación de la asociación mayoritaria de jueces ni la presencia de los representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hasta el último momento formaron parte de las negociaciones.
La firma ha tenido lugar después de que el pasado jueves aceptaran la oferta de 46,7 millones de euros para mejoras retributivas de la carrera judicial y fiscal. Aquel día, el portavoz de la APM, Juan José Carbonero, aseguró a la prensa que hasta el último momento había «tiempo de acercar posiciones». Al día siguiente, sin embargo, la asociación emitió un comunicado para desmarcarse del acuerdo al considerar que es «insuficiente, indigno e inaceptable».
Aunque este martes seis de las siete asociaciones han rubricado la propuesta, solo dos de ellas –JJpD y la UPF, ambas de corte progresista– se han mostrado satisfechas con la oferta. Aún así, todas celebran que se firme el acuerdo, porque se trata del primero en el marco de la Mesa de Retribuciones –formada por las asociaciones profesionales, los ministerios de Justicia y Hacienda, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado– que representa un «aumento real» porque, aunque por ley debería reunirse cada cinco años, hasta ahora no lo había hecho.
A la firma tampoco han acudido los tres vocales que habían participado hasta ahora en las negociaciones –José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez–. Algunas voces del CGPJ lo achacan a una convocatoria incorrecta por parte del departamento de Llop, si bien fuentes ministeriales aseguran que se les invitó debidamente, igual que a la Fiscalía General del Estado, que sí ha acudido al acto. Desde el CGPJ también apuntan a que no ha dado tiempo a que el Pleno ratifique el acuerdo, a pesar de que cinco vocales pidieron que se convocara una reunión para el lunes. No obstante, otras voces subrayan que el CGPJ «no tiene que firmar nada» porque su rol es de mero facilitador entre las asociaciones y el Ministerio, por lo que restan importancia a su ausencia.
46,7 millones para jueces y fiscales
El acuerdo firmado incluye una partida de 46,7 millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos. Los incrementos se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.
Desde el Ministerio precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía también la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia y a los tribunales superiores de justicia de la «suficiente fortaleza como para hacer frentes a los nuevos retos de la organización». Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio planteó «abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión». Además, propuso que los integrantes de la Mesa de Retribuciones establecieran un «nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado».
Asimismo, se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y «un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024». Sin embargo, cuatro de las asociaciones firmantes han subrayado que dicho incremento es «insuficiente». Una vez superado el conflicto del Ministerio con jueces y fiscales permanece latente el de los funcionarios, que mantienen una huelga indefinida de paros parciales desde el pasado 17 de abril y que esta semana han elevado el tono con una huelga de paros totales de 24 horas.
