Las víctimas del franquismo tampoco quieren a Delgado como fiscal de Memoria Democrática
La ARMH reprocha al Gobierno que elija a la ministra que permitió loas al dictador durante el traslado de los restos de Franco a un panteón público
Dolores Delgado, en el centro, asiste a la exhumación de Franco. | Europa Press
El 24 de octubre de 2019 Dolores Delgado daba fe, como notaria mayor del Reino, de la exhumación de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo considera un mérito para designar a su predecesora como fiscal de Sala de Memoria Democrática, a pesar del rechazo de sus colegas. Las víctimas del franquismo rebaten el nombramiento que hará efectivo este martes el Consejo de Ministros porque aseguran que llevó los restos del dictador a un panteón público y que permitió loas durante el traslado.
Franco salía del Valle de los Caídos 44 años después de que terminara la dictadura. Las cámaras de televisión lo retransmitieron en directo, por lo que millones de españoles pudieron seguir de cerca lo que se presumía que iba a ser un acto íntimo, critica la Asociación de Recuperación para la Memoria Histórica (ARMH). Los restos fueron trasladados en helicóptero al cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo, un espacio público que cuesta al Estado más de 9.000 euros anuales.
Las víctimas del franquismo también señalan al fiscal general por «el dedazo» de Delgado. Tras conocer la decisión de García Ortiz, la ARMH se preguntó en redes sociales: «¿Por qué el Gobierno repite la toma de decisiones conflictivas en torno a la memoria?». Y especificó: «La exministra que llevó el cuerpo del dictador Francisco Franco de un lugar de propiedad pública a un panteón público que seguimos pagando nuestros impuestos. ¿Fiscal de qué….?».
La elección de Delgado
En la exhumación de Franco solo pudieron estar presentes los descendientes del dictador. El protocolo establecía que las autoridades debían esperar a la familia para el inicio de los trabajos. Los miembros del Gobierno que comparecieron fueron Delgado, que ejercía como notaria mayor del Reino al ser ministra de Justicia; el titular del departamento de Presidencia, Félix Bolaños; y el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Antonio Hidalgo.
García Ortiz propuso el pasado jueves a Delgado para la recién creada plaza de Memoria Democrática. Siete de los 11 vocales del Consejo Fiscal se negaron a deliberar y votar el nombramiento en señal de protesta. Al puesto aspiraban cuatro candidatos, entre ellos la exministra de Justicia, que será ratificada este martes por el Consejo de Ministros pese a que dos asociaciones han pedido no hacerlo porque la elección fue «nula de pleno derecho».
El fiscal general ha reivindicado a su predecesora en el cargo como la mejor candidata por «su brillantez jurídica», «su exhaustivo dominio del derecho penal y procesal demostrado en su dilatada trayectoria como fiscal» y «sus capacidades directivas y de coordinación». Entre sus logros destaca su intervención en la exhumación de Franco del Valle de los Caídos en octubre de 2019. Una opinión que no comparten buena parte de las víctimas del franquismo.
«Es incomprensible que Delgado permitiera a la familia del dictador incumplir la Ley de Memoria Histórica gritando vivas a Franco y Arriba España. Como notaria mayor del Reino no tomó ninguna medida sancionadora. Omitió su deber de hacer cumplir la ley», se lamenta Emilio Silva, presidente de la ARMH.
Regalo al nieto de Franco
Silva sostiene que el funeral que se hizo «no fue adecuado» y reprocha al Gobierno que utilizara un helicóptero público para trasladar los restos. Además, critica que Delgado regalara a Cristóbal Martínez Bordiú, nieto del dictador, unas placas que estaban adosadas a la tumba con el símbolo familiar de los Franco porque eran propiedad de Patrimonio Nacional.
Delgado fue la ministra que consiguió exhumar al dictador. No obstante, las víctimas sostienen que «las cosas se podían haber hecho mejor», ya que su tumba en Mingorrubio-El Pardo se sigue pagando con dinero público. El coste del mantenimiento del enterramiento supone a las arcas públicas 754 euros mensuales. La mayor parte del gasto, 714 euros, corresponde a labores de vigilancia y seguridad, según informó el Gobierno en una respuesta parlamentaria.
