Un padre por subrogada pide multar a una líder de Podemos por acusarle de comprar bebés
El demandante exige una indemnización de 10.000 euros por un presunto delito de intromisión ilegítima al honor
Una madre de alquiler. | Joserpizarro (Shutterstock)
La gestación subrogada vuelve a estar en el centro de la polémica. Un padre mediante esta práctica prohibida en España exige una indemnización de 10.000 euros y una rectificación pública a la dirigente de Podemos Sara Carreño por un presunto delito de intromisión ilegítima al honor. El demandante denuncia que la actual directora general de Participación y Derechos Humanos de La Rioja le acusó a través de Twitter de comprar bebés.
Carreño, que fue diputada de Podemos entre 2016 y 2019, ha anunciado a través de la red social del pajarito que ha sido citada en el juzgado para un acto de conciliación por intromisión ilegítima en el derecho al honor de Pedro Fuentes, secretario de Galehi, una asociación LGTBI que tiene como objetivo «acompañar y aconsejar a las personas en proceso de aumentar su familia resolviendo dudas y apoyándonos en cada momento».
Fuentes también presidió Son Nuestros Hijos, una asociación que reivindica el acceso al registro civil de sus hijos nacidos por gestación subrogada, una fórmula de reproducción prohibida en España que se basa en un acuerdo previo con otra persona o pareja. La mujer queda embarazada con un óvulo ajeno y da a luz un bebé para otra familia. La práctica comenzó a usarse en la década de los años setenta y desde entonces suscita gran controversia ética, legal y social.
Podemos y la gestación subrogada
El último episodio, el protagonizado por Fuentes y la dirigente de Podemos en Twitter el pasado 5 de marzo. El demandante preguntó un día antes si sabían quién financia a grupos como la Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación Subrogada. Y contestaba: «Una red internacional que da charlas, escribe libros, se reúne con políticos, etc. Interesante, ¿no? Y además a quién beneficia su activismo?».
El tuitero descartaba que a los progenitores y a las mujeres que niegan «capacidad de agencia». Señalaba, en cambio, que beneficiaba a «las redes que explotan mujeres» porque «serían las grandes perjudicadas de una regulación garantista internacional». Carreño no desaprovechó la oportunidad de contestar: «Quizá la financian mujeres que quieren evitar que se explote a otras mujeres y se compren bebés, por ejemplo».
La conversación fue subiendo de tono. «No lo olvide. De cada daño que sufrían las mujeres antes de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, eran responsables quienes negaban la ley del aborto. De cada daño que sufra una mujer en gestación subrogada serán responsables quienes niegan una ley de gestación subrogada«. La dirigente de Podemos le reprocha que «igual que había abortos clandestinos ahora hay gestación subrogada clandestina».
Es entonces cuando Carreño le espeta: «O sea, ¿dices que estáis comprando bebés ilegalmente? Ya hay ley, está tipificado en el código Penal y tiene la obligación como ciudadano de denunciarlo». A continuación, le acusa de haberse comprado un bebé. Fuentes le pregunta si le está acusando de un delito y que, en ese caso, Twitter no es el lugar indicado. El secretario de Galehi ha pasado la ofensiva y ha denunciado el caso ante un juzgado como un presunto delito de intromisión ilegítima al derecho al honor.
«Una compra venta de bebés»
El demandante considera que las declaraciones de Carreño son muy graves por el alto cargo que ostenta en el gobierno de La Rioja. La dirigente de Podemos le advierte a través de Twitter que lo que «él llama gestación subrogada supone la explotación reproductiva de mujeres y es, simple y llanamente, una compra venta de bebés», por lo que se reafirma en las palabras que le dirigió hace unos meses.
Lejos de retractarse, la directora general de Participación y Derechos Humanos de La Rioja manifiesta su voluntad de defender su postura. «Quienes promueven esta vulneración de derechos de mujeres y bebés quieren que dejemos de decir la verdad, de señalar su violencia, su explotación a mujeres, su compra de recién nacidos. Quieren coartar nuestra libertad de expresión y obligarnos a usar sus eufemismos para blanquear estas prácticas que cosifican a mujeres y niños para conseguir que en nuestro país se pueda explotar mujeres».
Carreño recuerdo en su comunicado que «los vientres de alquiler son una técnica ilegal en nuestro país». El artículo 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que «los Estados parte tomarán todas las medidas (…) para impedir (…) la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma».
En España la gestación subrogada está prohibida. Así se recoge en la ley de salud sexual y reproductiva, en vigor desde marzo, aunque ya lo establecía una norma de 2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida. No obstante, muchas familias acuden a países donde sí se permite, entre ellos EEUU, Ucrania, Rusia o India. En esos casos, la gestante inicia un procedimiento ante el Registro Civil para que la otra persona pueda inscribir al bebé, aunque también puede hacerlo como una adopción.
