Explotación, fraude y un club como aval: arranca el juicio contra el presidente de Las Palmas
Se enfrenta a 21 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y los trabajadores de Seguridad Integral Canaria
Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria y presidente de la U.D. Las Palmas. | EFE
Hacían jornadas de más de 12 horas, durante más días consecutivos de los que permite el convenio laboral del sector. Muchos de ellos siempre en turno de noche. No percibían ni el plus de nocturnidad, ni tampoco el de armas que todo vigilante del sector de la seguridad privada debe cobrar: 135 euros mensuales. Es decir, más del 10% del salario que les pagaba la empresa que han conseguido llevar a juicio. Las horas extra se cobraban muy por debajo de convenio y se habrían intentado ocultar a Hacienda en concepto de dietas para evitar el pago de importantes cantidades de IRPF a la Agencia Tributaria. En total, según el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa habría conseguido defraudar así unos 6,5 millones de euros a Hacienda y casi 12 millones a la Seguridad Social entre 2009 y 2013.
Lo anterior es un resumen de varios elementos en común que se repiten a lo largo de las declaraciones en sede judicial de decenas de extrabajadores que, junto al sindicato FTSP-USO, han logrado sentar desde este martes en el banquillo de los acusados a la empresa Seguridad Integral Canaria y a su dueño Miguel Ángel Ramírez, también presidente de la U.D. Las Palmas, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores. A lo largo de los 20 tomos del sumario, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los denunciantes y otros empleados de Seguridad Integral Canaria afirmaron en sede judicial haber sufrido de forma reiterada una serie de conductas o presuntos delitos laborales por los que se juzga al presidente de la U.D. Las Palmas.
Hace pocas semanas, Ramírez festejaba el regreso del club canario a la máxima categoría del fútbol español. Desde esta semana se sienta en el banquillo junto a otros gestores de la Seguridad Integral Canaria, definida como una de las «ovejas negras» del sector de la seguridad privada en España. «Este juicio es muy importante para el sector de la seguridad privada. La mayoría del empresas cumplen el convenio y no podemos permitir que haya quienes se lo salten y exploten a los trabajadores. Solo esperamos que la Justicia haga justicia. Ramírez ha maltratado a muchos trabajadores», afirma Basilio Alberto Febles, secretario general de FTSP-USO.
21 años de cárcel y el club como aval
La Fiscalía pide para el presidente de la U.D. Las Palmas un total de 21 años de cárcel y 105,4 millones de euros en multas por cinco presuntos delitos de fraude contra la Hacienda Pública y otros tres supuestos delitos continuados de fraude a la Seguridad Social. Ramírez, propietario de un 91% del capital de Seguridad Integral Canaria (SIC), se sentará en el banquillo de los acusados del 4 al 20 de julio en Las Palmas junto al que fuese administrador único de la empresa hasta su disolución en el año 2019, Héctor de Armas Torrent. Para este último, Fiscalía pide 14 años de cárcel y 79,3 millones de euros en multas.
Del desenlace de este juicio podría depender también el futuro de Ramírez como presidente y accionista de la UD Las Palmas. A finales de 2020, tras conocerse el escrito de acusación de la Fiscalía por el caso de Seguridad Integral Canaria (SIC), Ramírez utilizó sus acciones en el ahora nuevo equipo de LaLiga como aval sobre la fianza de 50 millones de euros exigida por el Ministerio Público, según avanzó la cadena SER de Las Palmas.
En su acusación, la Fiscalía considera acreditado que SIC habría defraudado unos 6,5 millones de euros a Hacienda entre 2009 y 2013. En su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que los gestores de esa empresa disfrazaron el pago de horas extra a sus trabajadores «bajo apariencia de dietas reembolsables» de las que no constan facturas. Esto último, según la teoría de la Fiscalía y la Agencia Tributaria, para eludir el pago de impuestos y cuotas a la Seguridad Social.
Abusos a los vigilantes
Durante la instrucción del caso, que fue abierto a instancias del sindicato FTSP-USO y su abogado Ismael Franco, decenas de trabajadores coincidieron en señalar en sede judicial que la empresa se saltaba el convenio para imponer jornadas ilegales y justificar que las horas extra se pagasen como dietas para que la empresa pudiese evitar el pago del IRPF. Pagos presuntamente realizados en B que se abonaban al margen de la nómina, según describiría una exvigilante de Seguridad Integral Canaria al declarar como testigo ante el juez instructora del caso en octubre de 2015. A lo largo del sumario, los testimonios de empleados se repiten.
De las inspecciones y regularidades fiscales realizadas por la Agencia Tributaria también se desprenden muchos elementos en común. Además de la ausencia de justificantes de gastos para justificar las dietas declaradas, la Abogacía del Estado (que representa a Hacienda en el caso) respalda los indicios señalados por la Fiscalía y apunta a pruebas adicionales.
Horas extra como dietas
De Armas, según el escrito de conclusiones de Hacienda, habría admitido que se disfrazaban las horas extras como dietas con el fin era eludir pagos en concepto de IRPF y Seguridad Social. La Abogacía del Estado también destaca el hecho de que, a partir de los propios datos aportados por SIC, hubiera sido imposible cubrir los servicios para los que había sido contratada la empresa sin la realización de horas extras por parte de sus trabajadores.
La Agencia Tributaria subraya, además, «el gran importe que las dietas representan respecto a la masa salarial de la empresa, que es unas diez veces superior a esa proporción en el sector de la seguridad». SIC declaró un total de 27 millones de euros en concepto de «dietas exentas» entre los años 2009 y 2013. Esa cantidad supone en torno a un 20% de los pagos declarados como salarios de los trabajadores. Además de nueve delitos por presunto fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social, la Abogacía del estado atribuye otros cinco delitos de fraude contra la Hacienda pública a «De Armas como administrador de derecho y a Miguel Ángel Ramírez como administrador de hecho y verdadero gestor de la entidad».
