Bruselas vuelve a insistir a España en que renueve el CGPJ «como asunto prioritario»
Exige que después se inicie la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano lo realicen los jueces
Juez. | Eduardo Parra (Europa Press)
La Comisión Europea ha avisado de nuevo este miércoles a España de que es una «prioridad» que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al tiempo que ha exigido que «inmediatamente después» de tal renovación se inicie la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno lo realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
Esta situación plantea a Bruselas «serias preocupaciones», ya que no se ha renovado el Consejo a pesar de la «urgencia» ni se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus miembros, según recoge Europa Press.
Así consta en la lista de recomendaciones específicas que el Ejecutivo comunitario dirige a España en su evaluación anual del Estado de derecho en el conjunto de los Estados miembro, un examen que busca ayudar a los países a reforzar su orden democrático.
Con estas recomendaciones, Bruselas confía en «animar» a los Estados miembro a asumir las mejoras necesarias en sus respectivos sistemas y ayudarles a identificar «dónde es necesario mejorar», si bien se trata de indicaciones no vinculantes sobre las que los servicios comunitarios volverán a analizar han sido tenidas en cuenta en el siguiente informe anual.
Bruselas recuerda que la renovación del CGPJ está pendiente desde diciembre de 2018 y que, desde entonces, «sigue siendo una preocupación» para los servicios comunitarios, que han llamado repetidamente a modificar el sistema de nombramientos para que la menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces.
Asimismo, el informe apunta que están pendientes una reforma del procedimiento penal para abordar la duración de las investigaciones y los procesamientos, y un proyecto de ley sobre los grupos de presión, además de recordar que la reforma de los delitos relacionados con la corrupción introdujo el delito de enriquecimiento ilícito y revisó el de malversación, incluso rebajando las penas en algunos casos, lo que suscitó críticas.
