La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden seguir investigando al hijo menor de los Pujol
Anticorrupción reprocha que la decisión de la Audiencia Nacional de cerrar el caso «carece de motivación»
Oleguer Pujol (c). | Eduardo Parra (Europa Press)
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han discrepado del archivo de la investigación por blanqueo a Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, al creer que la decisión del juez no estuvo suficientemente motivada, y han pedido a la Audiencia Nacional que reabra la causa.
El magistrado Santiago Pedraz decretó el mes pasado el archivo de esta pieza separada sobre un supuesto blanqueo a través de operaciones inmobiliarias en la sociedad Drago Capital, porque consideró que no había resultado «debidamente justificada la perpetración de delito alguno».
Una decisión que, en opinión de la Fiscalía Anticorrupción, «carece absolutamente de motivación» dado que el juez no realizó «juicio de ponderación» respecto a los hechos que se han investigado y porque además todavía falta alguna diligencia, como un informe de la Agencia Tributaria.
Así lo expone el fiscal en su recurso ante el juez y, subsidiariamente, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha adelantado El Periódico de España y al que ha tenido acceso EFE.
También la Abogacía del Estado comparte esa «ausencia de motivación» del auto que, apunta, genera en las acusaciones «una situación de indefensión material, real y efectiva», que impide conocer y rebatir los motivos en los que se concretó el archivo. Porque, en su opinión, en la resolución del juez no hay «ningún razonamiento, por sucinto o somero que fuera» que permita advertir en qué medida los indicios que se apreciaron en un primer momento contra Oleguer Pujol han dejado de existir.
En su auto, el magistrado apuntó que «no hay base siquiera para apreciar indicio de delito alguno, y los que se suministraron fueron meras sospechas, no aptas para seguir un procedimiento penal».
En el marco del conocido como caso Pujol, en el que están acusados el expresidente de la Generalitat y sus siete hijos, la Policía detuvo en octubre de 2014 a Oleguer Pujol y registró su casa para averiguar si blanqueó dinero procedente del extranjero mediante varias operaciones inmobiliarias realizadas con fondos de origen desconocido.
Entre estas operaciones se encontraban la compra de 1.152 oficinas del Banco de Santander con un valor de 2.117 millones, la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades ligadas al miembro de los Pujol Step Negocios y Ursus Alfa, la compra de un hotel en Canarias y varias operaciones realizadas entre la empresa Longshore y Prisa División Inmobiliaria.
La Policía Nacional también registró ese día la sede en Madrid de Dragó, la empresa que según los investigadores sirvió para llevar a cabo muchas de las operaciones que creían que sirvieron para blanquear millones de euros. Según los datos facilitados por el propio Oleguer Pujol, en el año 2013 Drago gestionaba 2.730 millones de euros y 1.600 inmuebles en toda España.
