La Fiscalía rechaza extraditar a Pakistán a un hombre que puede ser condenado a muerte
Considera que la solicitud carece de una resolución judicial, lo que «impide apreciar los hechos concretos»
Fachada de la sede de la Fiscalía General del Estado. | Europa Press
Saqib Soalil tiene este martes una cita vital en la Audiencia Nacional. En sentido literal. Ese día, los magistrados deben decidir si aceptan la petición para que sea extraditado a Pakistán, país que mantiene la pena de muerte para delitos de asesinato como el que se le imputa. Su situación recuerda a la del mediático Daniel Sancho, que está a la espera de ser juzgado en Tailandia por asesinato premeditado, por lo que se enfrenta a la pena capital. La Fiscalía se opone a la deportación de Soalil por carecer de una resolución judicial, lo que «impide apreciar los hechos concretos».
Los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2011 alrededor de las 15.30 horas en la ciudad de Dinga (Pakistán). El reclamado, de nacionalidad pakistaní, está acusado de disparar un fusil kalashnikov contra un grupo con el que mantenía una disputa doméstica, según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Soalil hirió a tres personas. Una de ellas murió ese mismo día a causa de las heridas.
Los hechos son constitutivos de un delito de asesinato consumado y otros dos de tentativa, castigados tanto en el Código Penal español como en el de Pakistán, donde está castigado con pena de muerte o encarcelamiento de por vida. El escenario al que se enfrenta Daniel Sancho, que se autoinculpó como autor de la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. El joven, descendiente de una saga de actores en España, se encuentra en prisión provisional esperando a que se celebre el juicio.
Pena capital en Pakistán
Tailandia y Pakistán son países retencionistas. Eso significa que su Código Penal prevé la pena de muerte para varios delitos, entre ellos el asesinato agravado. En Tailandia, según cifras de Amnistía Internacional, había 195 personas condenadas a muerte a finales de 2022. La mayoría por delitos relacionados con drogas, lo que afecta a minorías étnicas y religiosas que han sido marginadas históricamente. La buena noticia es que desde hace cinco años no se produce ninguna ejecución.
Pakistán, en cambio, levantó su moratoria sobre ejecuciones en diciembre de 2014. Desde entonces se han realizado una veintena. Esa situación pone en un brete la vida de Soalil, que fue detenido en nuestro país el 12 de octubre de 2021 en virtud a una orden internacional. Ese mismo día compareció ante la Audiencia Nacional, que acordó dejarlo en libertad provisional con el compromiso de comparecer en el juzgado y no salir de España.
Unos meses más tarde, en mayo, la Audiencia Nacional dictó un auto acordando el archivo provisional porque Pakistán no presentó la documentación requerida para su extradición. Lo hizo casi un año más tarde, el pasado abril, ante el Ministerio de Exteriores, que la traslado al departamento que lidera Pilar Llop. Apenas un mes más tarde, el Consejo de Ministros acordó deportarlo, aunque el reclamado no aceptó. En ese momento se activó el proceso judicial.
La Fiscalía se opone a que Soalil sea extraditado. El Ministerio Público sostiene que las únicas resoluciones judiciales aportadas consisten en una orden de arresto dictada por un juez adicional de Distrito «sin expresión de los hechos» y una proclamación posterior que «requiere la apariencia de una persona acusada». El documento lo firma un juez que ordena que el reclamado comparezca en un breve periodo de tiempo «para defenderse contra la demanda».
Esa resolución, insiste la Fiscalía, tampoco contiene expresión de los hechos. «La carencia de relato de hechos contenida en resolución judicial impide apreciar los hechos concretos que se atribuyen al reclamado y valorar el cumplimiento de los principios de doble incriminación y mínimo punitivo que exige la ley», insiste el documento que ha remitido el Ministerio Público a la Sala.
