El Supremo cierra la puerta a que los nueve indultados por el 'procés' vuelvan a prisión
Los expertos sostienen que avalar la situación de Cuixart y Sànchez marca el destino de las solicitudes pendientes
Los condenados por el 'procés' salen de prisión tras los indultos en junio de 2021. | Kike Rincón (Europa Press)
Las maniobras para que los nueve indultados por el procés vuelvan a prisión están abocadas al fracaso. La decisión del Tribunal Supremo de inadmitir los recursos contra los antiguos responsables de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) se cierne sobre sus detractores como una premonición. Los expertos consultados por THE OBJECTIVE explican que la treintena de solicitudes pendientes, esta vez contra quienes conformaban el Govern durante el conflicto secesionista, correrán la misma suerte. Todos advierten de la dificultad que entraña revocar la medida de gracia.
El Gobierno de Pedro Sánchez concedió un indulto parcial en junio de 2021 a nueve condenados por el procés. La decisión respondía a criterios de «utilidad pública» y buscaba abrir una nueva etapa de reencuentro entre Cataluña y España. La entonces portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, reconoció que podía generar «incomprensión o rechazo». No tardó en llegar por parte de algunos partidos, que recurrieron en los tribunales.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ya resolvió sobre la cuestión en enero de 2022. Entonces, como ahora, rechazó admitirlo a trámite los recursos al entender que los partidos y diputados que los interponían no gozaban de legitimación para hacerlo. Sin embargo, unos meses más tarde, en mayo, tras un cambio de composición, los magistrados rectificaron y los estimaron.
Los Jordis en el Supremo
Los vaivenes en este asunto han sido constantes. Ahora, el Alto Tribunal ha vuelto a su posición inicial. Este jueves ha inadmitido los primeros recursos al considerar que ni Vox y ni los tres diputados de Ciudadanos que lo presentaron están legitimados para recurrir los indultos que beneficiaron a Jordi Cuixart y a Jordi Sánchez.
Esa decisión aleja la posibilidad de que se revoque la medida de gracia, no solo para ellos, sino también para los otros siete favorecidos. Eso, a pesar de que aún quedan por resolverse una treintena de recursos presentados por el PP, algunos de sus diputados en Cataluña durante el conflicto secesionista (entre ellos, Alejandro Fernández y Andrea Levy) y el que fuese delegado del Gobierno en la región en 2017, Enric Millo.
«La decisión de los magistrados con el resto de recursos será, previsiblemente, análoga a la de los Jordis. No encuentro ninguna diferencia entre PP, Vox y los diputados de Ciudadanos», explica Miguel Javaloyes, especialista en Derecho Administrativo. En su opinión, el fallo del Supremo «no depende del número de parlamentarios que tenga cada partido político», sino de la legitimación procesal. Esto es, la capacidad para actuar en un procedimiento judicial.
El director de Javaloyes Legal indica que para que sea admitido a trámite un recurso debe existir «un legítimo interés» y eso solo le atañe a las partes. Considera que los partidos no pueden aludir que les afecte el indulto de nueve personas en modo alguno. Tampoco en el caso de Vox, a pesar de que fue parte personada en la causa del procés. Lo hizo como acusación popular, esto es, sin ser perjudicado directo, sino como garante del interés general.
El recurso de Millo
«Los indultos son difícilmente revocables porque son fruto de una acción discrecional del Gobierno», insiste Javaloyes. No obstante, su concesión se puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, a pesar de que las impugnaciones no suelan prosperar. El tribunal se limita a garantizar que el expediente incluya los motivos que han derivado en la medida de gracia. El caso del procés estaba perfectamente acotado como razones de interés público.
En esa dirección se manifiesta Alfredo Arrién, abogado en Paredes & Asociados. El penalista explica que las resoluciones por vía administrativas solo afectan a las partes, esto es, a los indultados y a la Administración, por lo que considera «lógico» que el Supremo desestime los recursos, ya que quienes los registran carecen de legitimidad.
Más controversia suscita el recurso interpuesto por Millo, que era delegado del Gobierno durante el conflicto secesionista. Javaloyes sostiene que el Supremo tampoco lo aceptará, por lo que las opciones de que los indultados del procés vuelvan a prisión son «prácticamente nulas». Reconoce que «solo pueden solicitarlo los abogados del Estado, pero defienden los intereses del Gobierno». Ambos especialistas apuntan a una cuestión de inconstitucionalidad, aunque ese extremo tampoco garantizaría nada.
