Justicia se excusa en la «situación política» para demorar las subidas salariales pactadas
El departamento que dirige Llop avisa a los operadores jurídicos de que los acuerdos firmados no corren ningún peligro
Pilar Llop en una reunión informal con los ministros de Justicia de la UE. | Antonio Muñoz (Europa Press)
La nómina de julio no reflejó el aumento salarial prometido. Tampoco la de agosto. El Ministerio de Justicia asegura que la subida pactada con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia no se ha hecho aún efectiva por la «situación política». El Gobierno se encuentra en funciones y a finales de mes se celebra un debate de investidura. Un argumento que no ha evitado las críticas de los afectados. El departamento que dirige Pilar Llop avisa a los operadores jurídicos de que los acuerdos firmados tienen carácter retroactivo y no corren ningún peligro.
Seis asociaciones de jueces y fiscales exigieron a Justicia la semana pasada que cumpla con la subida salarial. En su caso debe recogerse en la nómina de octubre. El acuerdo se cerró el pasado mayo, en el marco de la mesa de retribuciones para evitar la huelga indefinida, donde pactaron un aumento de 450 euros al mes. Advierten de que tomarán «medidas» en caso de no ejecutarse.
Las organizaciones (la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria, se desmarcó del acuerdo de mayo) pidieron el pasado martes a Justicia que no se parapetase en la incertidumbre política. Denunciaron que no se han constituido los grupos de trabajo ni fijado un calendario de reuniones para abordar aquellas cuestiones relacionadas con sus condiciones profesionales. Alertaron de que tampoco se habían dado los pasos necesarios para el incremento retributivo.
Guerra en Justicia
En el mismo sentido se han pronunciado los letrados de Justicia, que reclaman al Gobierno que cumpla el acuerdo alcanzado en marzo. Este contemplaba, entre otras cosas, una subida salarial de hasta 450 euros mensuales que debían disfrutar desde el mes de julio. Era su exigencia para poner fin a la huelga indefinida que mantuvieron sus más de 4.000 profesionales durante tres meses.
El pasado miércoles, los representantes de estos trabajadores se reunieron con el secretario general de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo, que «volvió a escudarse en la incertidumbre política vigente para justificar la inacción del Gobierno». Los letrados de Justicia sostienen que no se ofrecen «razones objetivas» que impida cumplir lo acordado y reclaman al Ejecutivo que inicie los trámites legales para hacerlo efectivo aunque esté en funciones.
Los letrados de la Administración de Justicia llevaron el incumplimiento hasta el Tribunal Supremo en julio. Y avisan: «Si el Gobierno sigue buscando excusas para no cumplir con su propio acuerdo, está más que justificado que se retomen de inmediato todas las medidas que sean necesarias». Acciones que también barajan los funcionarios de Justicia, que reclaman un reconocimiento profesional y retributivo y el derecho a la negociación colectiva.
Las fuentes ministeriales consultadas insisten en que los acuerdos firmados son «totalmente vinculantes» y se cumplirán. Además, recalcan que los pactos cuentan con la rúbrica no solo de Justicia, sino también de Función Pública, y que tienen efectos retroactivos. Explican que las subidas no corren ningún peligro y que están trabajando para ejecutarlas.
