La Audiencia Nacional deja en libertad a una etarra al considerar que la causa ha prescrito
Jauregui está acusada de un asesinato en 1981. Se le ha retirado el pasaporte y tendrá que comparecer cada mes
La etarra Natividad Jáuregui durante su extradición a España. | Ministerio del Interior
La Audiencia Nacional ha decidido dejar en libertad a la etarra Natividad Jáuregui, alias Pepona. La dirigente del comando Vizcaya fue entregada por Bélgica hace tres años y está acusada de la muerte de Ramón Romero Rotaeche. Los magistrados consideran que el asesinato del teniente coronel de Artillería el 19 de marzo de 1981 en la Basílica de Begoña de Bilbao habría prescrito. Declaran extinguida la responsabilidad penal de la acusada y acuerdan el archivo del procedimiento y su puesta en libertad con medidas cautelares. Contra la decisión cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional estiman el artículo de previo pronunciamiento planteado por la defensa de Jáuregui, vinculada a ETA durante décadas. Consideran que ha lugar a la excepción de la prescripción del delito y, en consecuencia, declara la extinción de la responsabilidad penal, así como el sobreseimiento de las actuaciones y el archivo definitivo.
Jáuregui está acusada del asesinato del teniente coronel Romero Rotache en Bilbao en 1981, ejecutado con un tiro en la nuca cuando salía de misa. No obstante, los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que el crimen ha prescrito. Acuerdan su libertad con la obligación de comparecer ante el órgano judicial los días 3 de cada mes, la designación de domicilio y la prohibición de salida del territorio, así como la retirada del pasaporte.
ETA y la prescripción de delitos
En su resolución, la Sala recuerda el íter procesal del procedimiento judicial desde la comisión de los hechos, el 19 de marzo de 1981. La prescripción se produciría 20 años más tarde, por lo que tuvo lugar en 2001. Los magistrados explican que lo que cabe examinar es si en esas dos décadas se habría producido alguna actuación judicial que pudieran interrumpir la prescripción, como señala el Ministerio Fiscal.
Para el Tribunal, tras analizar la cuestión y la doctrina al respecto, «no existe ningún acto de interposición judicial que dirija el procedimiento contra Jáuregui. Tampoco existe ninguna resolución motivada que le haya atribuido su presunta participación en los hechos ( si no es desde la fecha del auto de procesamiento de 1 de diciembre de 2005)».
Jáuregui se encontraba en prisión provisional desde noviembre de 2020, cuando fue entregada por Bélgica tras cuatro décadas huida. Se marchó a Francia en 1978 por su presunta relación con las actividades del comando Iskulin. A continuación pasó a formar parte del comando Vizcaya como miembro liberado. Participó en varios atentados contra objetivos policiales en el País Vasco en 1981 y a continuación regresó al país galo.
La etarra huyó luego a México, donde fue localizada en 2002 tras la detención y posterior entrega a España de otro miembro de ETA, José Antonio Borde Gaztelumendi. Jáuregui volvió de forma clandestina a Europa y se instaló en Bélgica, donde fue detenida hace una década. Durante esos años trabajó como cocinera e incluso participó en la elaboración de un libro de recetas.
