Fiscales del Supremo acusan al fiscal general de negar amparo a sus compañeros del 'procés'

El fiscal general del Estado ha vivido este martes su particular vía crucis. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que le acusa de desviación de poder y anula el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado, 18 fiscales de la Sección Penal del Alto Tribunal le han afeado que niegue el amparo a sus compañeros del procés. Los cuatro miembros del Ministerio Público que participaron en el procedimiento reclamaron hace unos días «amparo institucional» a Álvaro García Ortiz tras el acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE y Junts que aludía a la existencia de una guerra sucia judicial (lawfare) contra el independentismo.

Un grupo de 18 fiscales del Tribunal Supremo ha arremetido contra García Ortiz por «ignorar deliberadamente» la demanda de amparo formulada por los fiscales del procés ante las «injuriosas insinuaciones» de lawfare plasmadas en el acuerdo PSOE-Junts. En la misiva, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los firmantes, miembros de la Sección Penal del Alto Tribunal, muestran su «decepción» por «la falta de voluntad» del fiscal general sobre la actuación de Ismael Moreno, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal.

Los cuatro fiscales reclamaron hace unos días a García Ortiz que les concediera «amparo institucional» porque «junto con la concesión de la amnistía, un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, (PSOE y Junts) han pactado la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria para evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público». El contenido del pacto, reconocieron los señalados, les generaba «especial preocupación» porque «conculca el principio de separación de poderes y cercana la independencia judicial».

18 fiscales del Supremo

El fiscal general del Estado respondió que solo se pronunciaría sobre la medida desde un punto de vista «técnico-jurídico» cuando entre en vigor. Entiende que debe evitar «cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado».

En una carta remitida a los miembros del Ministerio Público, García Ortiz les instó a evitar «cualquier pronunciamiento» sobre la amnistía hasta que la norma esté aprobada de forma definitiva, ya que ahora se encuentra en tramitación parlamentaria. Además, apeló a la necesidad de que la Fiscalía actúe siempre con arreglo al «principio de imparcialidad».

Los firmantes del texto manifiestan que la comunicación del fiscal general del pasado día 16 «no ha sido otra cosa que una forma de ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal y a la demanda de amparo formulada por los fiscales del procés, para sí y para los fiscales de Cataluña, ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos».

«Expresamos nuestra decepción por la falta de voluntad de salir al paso de las injuriosas insinuaciones que sobre la actuación de los fiscales que intervinieron en la causa penal conocida como el procés y sus derivadas, se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts, conocidas como lawfare», resaltan los fiscales en la misiva, en la que reconocen y apoyan el trabajo realizado por sus compañeros durante el proceso judicial «en defensa de la legalidad y del orden constitucional».

Varapalo por el ascenso a Delgado

Los cuatro fiscales que solicitaron amparo a García Ortiz alertaban de que «el reconocimiento de que la actuación judicial fue injustificada y obedecía exclusivamente a razones políticas, obviando la naturaleza manifiestamente delictiva de los actos que se cometieron y el respeto institucional que la función jurisdiccional merece en un Estado de Derecho, representa una quiebra absoluta de los valores constitucionales que inspiran nuestra democracia, en particular de la justicia, el pluralismo político y de la igualdad ante la ley».

García Ortiz suma este tirón de orejas a la sentencia que ha emitido este martes el Tribunal Supremo, que anula el ascenso de su predecesora al máximo escalafón de la carrera fiscal. El Alto Tribunal aprecia «desviación de poder» en la propuesta del fiscal general del Estado y concluye que la designación no atendió a razones de mérito, por lo que ordena la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la propuesta.