El jefe de la oficina de Puigdemont pide al juez de 'Tsunami' que se aparte de la causa
Considera que ha quedado acreditada su «absoluta falta de imparcialidad»
Un agente de Policía en la entrada de la Audiencia Nacional | Fernando Sánchez (Europa Press)
El jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que se aparte de la causa en la que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del ‘procés’ independentista catalán en el otoño de 2019.
En un escrito, recogido por Europa Press, su defensa recusa al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 por unas manifestaciones que realizó en el Foro La Región de Ourense en alusión a la amnistía. Se trata de la tercera recusación después de las planteadas por otros dos investigados: el empresario Oriol Soler y el consejero de Òmnium Oleguer Serra.
«Yo únicamente como ciudadano puedo decir dos cosas: Uno: que la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible. Y no está prohibida expresamente. Y dos: Bien, estos señores han dicho si en cuanto puedan van a volver a repetirlo por lo tanto ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?», espetó el magistrado en ese foro.
El abogado de Alay recuerda que esa ley de amnistía, «llegado el caso, podrá ser de aplicación al procedimiento que el magistrado viene instruyendo por espacio de cuatro años y que, a la vista de sus manifestaciones, rechaza de plano».
«Rechazo que, evidentemente, apunta al interés del magistrado por el presente procedimiento y su terminación hasta el punto de llegar a comparar una futura ley de amnistía con la esclavitud. Pero, es más, el propio magistrado es conocedor de que no puede pronunciarse sobre este asunto», asegura.
La representación de Alay insiste en que «el interés demostrado por el magistrado, que le ha llevado a realizar manifestaciones que no solo acreditan su interés en el pleito sino su absoluta falta de imparcialidad, en particular adelantando su postura frente a una norma que, incluso, en estos momentos no existe como tal, hace ineludible su apartamiento definitivo de la misma».
La defensa sostiene que el juez «es soberano en su fuero interno para pensar lo que considere más oportuno». «En una sociedad democrática sería inasumible pedir que los jueces, al igual que el resto de los ciudadanos, no tengan una opinión política e incluso una ideología concreta, pero, igualmente, en una sociedad democrática lo que se exige de un juez es que la misma no se haga pública sin esperar las consecuencias legales porque eso afecta a la imagen de imparcialidad que ha de tener toda persona llamada a enjuiciar», concluye.
Esta recusación llega el mismo día en que el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, ha archivado este jueves el expediente gubernativo contra García Castellón por inadmitir de plano las otras recusaciones –cuando no tenía competencia para ello– y ha aclarado quién debe decidir sobre las peticiones de apartarle de la causa. En concreto deberá ser la Sección Tercera de la propia Sala la que decida sobre los hasta ahora tres incidentes de recusación.
