La Abogacía del Estado pide personarse en el 'caso Tsunami' por los daños en El Prat
El Consorcio de Compensación de Seguros tuvo que pagar 362.000 euros a AENA por los daños provocados
Enfrentamientos entre Mossos y manifestantes en El Prat el 14de octubre de 2019. | Marc González / AFP7 / Europa Press / ContactoPhoto
La Abogacía del Estado ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga los disturbios supuestamente orquestados por Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del ‘procés’ que le permita personarse en la causa como parte perjudicada por los casi 362.000 euros que tuvo que pagar el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) a AENA por los daños provocados durante las movilizaciones del 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado –en representación del CCS– pide al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que le dé acceso a la causa en calidad de acusación particular por la indemnización que el Consorcio de Compensación de Seguros tuvo que abonar en su día a AENA.
En un documento adjunto, constan dos transferencias de abril y mayo de 2020 por el «tumulto» de ese 14 de octubre donde el CCS ingresa a AENA 50.000 y 311.997,35 euros, respectivamente.
García Castellón investiga si los altercados que siguieron a las condenas impuestas por el Tribunal Supremo (TS) al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes independentistas por el referéndum ilegal del 1-O estuvieron organizados por Tsunami Democràtic.
El instructor ha puesto el foco en las protestas en El Prat, concretamente en la muerte de un turista francés a causa de un infarto al considerar que las movilizaciones independentistas pudieron influir.
El juez apunta a delitos de terrorismo y ha pedido al Supremo que investigue al ex presidene catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por estos hechos. Entretanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido en apelación al considerar que no hay indicios suficientes contra Puigdemont y que, a lo sumo, se trataría de un delito de desórdenes públics.
