Un juez encuentra en la injerencia rusa otra vía para impedir la amnistía a Puigdemont
El magistrado reactiva el ‘caso Voloh’, que investiga los vínculos del expresident con Putin para financiar ‘el procés’
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bruselas. | Europa Press
La injerencia extranjera en el procés puede complicar la ley amnistía, que se vota este martes en el Pleno del Congreso. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha prorrogado seis meses la investigación del caso Voloh, que investiga el papel que desempeñó Rusia en España a través del independentismo catalán. El magistrado sospecha que el entorno de Vladimir Putin trató de desestabilizar a nuestro país, una posibilidad que verían con recelo en Europa. La alianza habría servido también para financiar los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo.
El auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE detalla los contactos que establecieron Puigdemont y su equipo con representantes rusos para forjar una alianza estratégica. Según el escrito, el expresidente catalán se reunió con un emisario de Putin el 26 de octubre de 2017, horas antes de que el Parlamento de Cataluña votara una resolución para declarar la independencia. El encuentro tuvo lugar en la Casa dels Canonges, ubicada en la sede del Gobierno catalán.
El enviado ruso ofreció a Puigdemont ayuda para el proceso independentista. Se comprometió a facilitar un grupo de 10.000 soldados y una importante partida económica «a cambio de que una Cataluña independiente fuera una Suiza de las criptomonedas». Así lo advirtió un informe que se presentó en la Eurocámara a finales de 2022 al que tuvo acceso este diario. Los militares nunca aparecieron, pero el juez cree haber encontrado pruebas de que los independentistas recibieron fondos rusos para financiar el procés.
Puigdemont con emisarios de Putin
Aguirre considera que Puigdemont y su entorno también mantuvieron «estrechas relaciones personales» con individuos de nacionalidad alemana e italiana, algunas de ellas mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos. También hubo contacto con miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana e italiana «con interés en establecer relaciones de influencia política y económica su este se independizaba de forma unilateral de España».
Los investigadores tienen en su poder diferentes mensajes entre Víctor Terradellas, asesor de Puigdemont, y Jordi Sardá, un empresario catalán con fuertes vínculos en Rusia. En esas comunicaciones se menciona la llegada de importantes cantidades de dinero ruso para financiar el procés. El juez cree que el entorno del expresident trabajó para desarrollar «una legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos» y concluye que Putin tenía interés en el procés por su propósito de «desestabilizar la UE».
El magistrado subraya la información derivada de las escuchas telefónicas, una decisión que tomó en contra de la Fiscalía. Los pinchazos se llevaron a cabo en los terminales de David Madí, antiguo asesor del expresident Artur Mas, y el empresario de Xavier Vendrell, considerado como uno de los máximos dirigentes de Tsunami Democràtic. En una de las conversaciones, Vendrell dice a Madí que el propio líder de Junts le había informado de sus intenciones: «Puigdemont me habló mucho de la criptomoneda (…) tenemos que ir para aquí».
En otro fragmento de la conversación, señala el juez, Vendrell sugiere que una persona ha solicitado a los investigados que si algún día conseguían la independencia, deberían realizar una legislación favorable para la proliferación de la criptomoneda. Aguirre recuerda en este punto un documento intervenido en los registros de la Asociación Igman y de la Fundación Catmon en las que en el margen izquierdo aparece P. (que podría ser Puigdemont) y en el derecho, la palabra financiación. Tachado aparece el término bitcoin (moneda digital) y a continuación «legislación adecuada al nuevo modelo económico».
Pagar la deuda de Cataluña
El auto insiste en que los líderes independentistas estaban diseñando el Banco Central Catalán para garantizar la soberanía monetaria y financiera de un Estado independiente. La exconsejera catalana Elsa Artadi ya declaró ante al juez que Puigdemont le encargó hablar de criptomonedas con emisarios rusos antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Tuvo varias reuniones con unos interlocutores que, aseguró, estaban preocupados por la financiación de una república independiente y ofrecieron pagar la deuda pública a cambio de una legislación sobre este tipo de divisas.
El informe remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona relata que Jaume Cabaní, primer contable del entramado asociativo de Puigdemont en Bruselas, había creado una sociedad en Tallín (Estonia) llamada Catalitza Oü, que recibió un pago en criptomonedas por «servicio consultoría posicionamiento» para financiar «billetes a pepito». Los investigadores no descartan que se trate del servicio de una persona que tuviera que desplazarse en avión para determinar la existencia de aparatos de vigilancia encubiertos en la casa en la que residía el expresident en Waterloo.
