Una fiscal designada por Delgado decidirá si se debe investigar a Puigdemont por terrorismo
María Ángeles Sánchez Conde ocupa el cargo de teniente fiscal del Supremo y es la número 2 de la Fiscalía General
Ilustración de Alejandra Svriz.
Una fiscal designada por Dolores Delgado cuando estaba al frente de la Fiscalía General del Estado será quien decidirá en última instancia si debe investigarse al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo. Se trata, en concreto, de la teniente fiscal del Supremo y actual número 2 de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde. Sobre ella recaerá la responsabilidad, pues, de resolver si el Ministerio Fiscal propone al Alto Tribunal investigar por terrorismo a Puigdemont en la causa de Tsunami Democrátic, ante las discrepancias en el seno de la carrera fiscal puestas de relieve este martes.
Tras cuatro horas de reunión, la Junta de Fiscales del Supremo se han mostrado partidaria por una amplia mayoría de investigar por terrorismo a Puigdemont, como propone el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, al rechazar el borrador del fiscal del Supremo Álvaro Redondo, que pedía lo contrario.
Llegados a este punto, el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que «los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre debate el criterio del fiscal jefe» de la Junta de Fiscales. Pero ocurre que en la votación, los dos fiscales jefes, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, han expresado posturas contradictorias, el primero (uno de los cuatro fiscales del juicio del ‘procés’) a favor de investigar por terrorismo a Puigdemont, y el segundo lo contrario.
Ante este escenario, el mismo artículo 24 precisa que «si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes deberá someter ambas a su superior jerárquico». Y eso es precisamente lo que ha sucedido, por lo que corresponde a Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fijar la postura definitiva que elevará ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
