El fiscal trata de evitar la investigación sobre los chivatazos del Gobierno al entorno de ETA
La Asociación Dignidad y Justicia, que aportó nuevas pruebas, arremete contra la posición del Ministerio Público
Ilustración de Alejandra Svriz.
La Fiscalía se opone a prorrogar la causa de los homenajes a los presos etarras. El juez Manuel García-Castellón decidió reabrirla después de que Dignidad y Justicia aportara nuevos documentos que incluyen supuestas filtraciones al entorno de ETA desde el Gobierno. La organización que preside Daniel Portero quiere que se esclarezca el papel del jefe de prisiones de Fernando Grande-Marlaska, cuyo nombre aparece en los informes policiales como la persona que ofrecía información sensible a la izquierda abertzale. Sin embargo, la posición del Ministerio Público cierra la puerta a continuar con las pesquisas por esa vía.
García-Castellón decidió la semana pasada reabrir la causa que investiga un centenar de homenajes a presos etarras entre 2016 y 2019. El magistrado revoca así el auto que dictó en octubre para cerrar la instrucción, tal y como solicitaba la Fiscalía. El cambio se produce tras la petición de Dignidad y Justicia, que hace unas semanas presentó un escrito de alegaciones plagado de mensajes entre miembros de la izquierda abertzale, que lanzaban «directrices e instrucciones» a familiares y presos etarras.
El texto incluía una serie de mensajes de texto, audios y correos electrónicos en los que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, daba cuenta de forma periódica a personas vinculadas con la izquierda abertzale sobre acercamientos, progresiones de grado de los presos etarras y hasta de la estrategia procesal de algunas víctimas de ETA. En su última resolución, García-Castellón reclama un informe para conocer las personas que intervenían en los chats, el primer paso para llegar hasta el jefe de prisiones de Marlaska.
Los presos de ETA
El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García-Berro se ha mostrado especialmente duro con la idea de investigar a Ortiz, ya que asegura que ni el juez ni la asociación señalan los delitos que se le imputan en las comunicaciones aportadas. «En las mismas no se aprecia atisbo alguno de prevaricación (…) toda vez que todas las cuestiones relacionadas con la política penitenciaria a la que se hacen referencia están sujetas al control del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria con intervención del Ministerio Fiscal».
El recurso de apelación, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, sostiene que, en ocasiones se han accedido a las propuestas realizadas por las Juntas de Tratamientos mientras que en otras se han impugnado «sin que a lo largo de todos estos años se haya apreciado en ningún momento indicios de comisión de delito alguno ni por el Ministerio Fiscal, ni por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ni por las Salas de lo Penal de la Audiencia Nacional».
García-Berro recalca en el escrito que «tantos y tan cualificados ojos no han visto a lo largo de tantos años indicio de criminalidad alguna». El fiscal descarta la existencia de prevaricación «por razones obvias» y niega que las conversaciones que mantuvo Ortiz con el entorno de ETA puedan ser calificadas como revelación de secretos, «puesto que no hay secreto alguno que revelar pues se considera confidencial cualquier tipo de información que esté protegida por la ley, como datos personales, documentos clasificados, investigaciones en curso, la privacidad de las personas (…) el cual no es el caso».
Dignidad y Justicia arremete contra la posición del Ministerio Público, ya que considera que las pruebas que aportó hace unas semanas debieron ser atisbadas por la Fiscalía, para quien pasaron desapercibidas. «Hemos puesto sobre la mesa pruebas que vinculan al jefe de prisiones de Marlaska con el entorno de ETA. No entiendo qué problemas tiene la Fiscalía en que se investigue esto. Seguiremos adelante porque siempre hemos luchado en los tribunales contra ETA y sus colaboradores», insiste Portero.
El jefe de prisiones de Marlaska
El fiscal considera que el recurso de reforma interpuesto por Dignidad y Justicia el pasado 18 de enero está «fuera de plazo», por lo que no se pueden estimar. Además, acusa a la asociación de pretender realizar «una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen».
Los investigadores no identifican a Ortiz de manera explícita, pero los documentos en poder de la Audiencia Nacional apuntan directamente a él porque su nombre aparece de forma íntegra en las comunicaciones. Sus interlocutores eran Joseba Azkarraga (dirigente de Sare) y los abogados de presos de ETA Julen Arzuaga y José María Matanzas. Todos ellos informaban de las conversaciones con el jefe de prisiones de Marlaska al etarra Antonio López Ruiz, alias Kubati, a quien la Fiscalía pidió procesar hace dos semanas por organizar presuntamente un centenar de ongi etorris.
Entre los mensajes intervenidos resalta uno del 25 de febrero de 2019, en el que el secretario general de Instituciones Penitenciarias escribe a Arzuaga para informarle de que tres días antes se había acordado remitir al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el programa de tratamiento individualizado que la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Basauri. A continuación reenvía el email a Kubati, al que los investigadores consideran en el eje de la estrategia de la izquierda abertzale.
En esos días, Kubati escribió a Arzuaga para reclamarle «el email que te envió Ortiz de IIPP (siglas de Instituciones Penitenciarias) donde te dejaba claro el criterio sobre traslados a Euskal Herria para operaciones en el hospital». Un mes más tarde era Arzuaga, exparlamentario de Bildu, quien preguntaba en un chat en el que están incluidos otros miembros de la izquierda abertzale si había «funcionado el doping», en referencia a un mensaje al jefe de prisiones.
Los tiempos de la instrucción
García-Berro subraya que «todos los esfuerzos argumentativos y el afán por alargar la instrucción hacia ninguna parte o hacia algún lugar alejado de los fines de la justicia y del interés de las víctimas devienen inútiles». En su opinión, Dignidad y Justicia hace mención «a hechos completamente ajenos a la instrucción». El fiscal también advierte a García-Castellón de que «no es lo mismo acompasar los tiempos a la instrucción que la instrucción a los tiempos».
El representante del Ministerio Público se opone a reabrir la causa de los homenajes a presos etarras porque no observa enaltecimiento del terrorismo, sino un delito continuado de humillación de las víctimas. El fiscal considera que los actos están suficientemente investigados y deben llevarse a juicio para restaurar a las víctimas en su dignidad «que fue gravemente quebrantada» por la organización sistemática de ongi etorris, una fórmula que desapareció en 2023, según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). En cambio, la asociación documentó ese año 466 actos de apoyo a ETA.
En opinión de García-Berro, en los chats ni se imparten directrices ni instrucciones ni la actividad desplegada puede calificarse de criminal, porque en ese caso se estaría incurriendo en «una investigación prospectiva». E insiste: «No todo lo relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA es delito. Basta un análisis de los mensajes que leyeron los investigados».
El fiscal sostiene que esos mensajes se producen entre «ciudadanos vascos conversando sobre la situación penitenciaria de presos de una banda terrorista que no existe y planeando estrategias para favorecer sus intereses sin que de las mismas se desprenda relación alguna en la organización de los actos de homenaje a los terroristas. Y concluye: «No es delito ser vasco, no es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca. Y, por supuesto, no es delito que los abogados realicen cuantas gestiones consideren oportunas para tratar de favorecer la situación penitenciaria de sus clientes».
