Bruselas denuncia a España ante la Justicia europea por tener 195 vertederos ilegales
La Comisión Europea alega que no se han adoptado las medidas necesarias para cumplir estos requisitos
Una bandera de la Unión Europea | Eduardo Parra - Europa Press
La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por incumplimiento de los requisitos de la directiva marco de residuos, que exige que los Estados miembro adopten todas las medidas necesarias para garantizar que su gestión no ponga en peligro la salud humana ni dañe el medio ambiente. Los países de la UE también deben garantizar que los residuos se eliminen de forma segura y que los productores originales de residuos los traten ellos mismos o garanticen que el tratamiento se realice de forma adecuada.
España no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir estos requisitos y Bruselas apunta que la persistencia de al menos 195 vertederos ilegales que aún no han sido cerrados, sellados y restaurados desde 2008 está causando daños importantes al medio ambiente y poniendo en peligro la salud humana. Esto demuestra también que España no ha cumplido con sus deberes de escrutinio, inspección y aplicación de la ley en materia de vertidos de residuos, lo que genera riesgos para la salud y el medio ambiente, que el Pacto Verde Europeo pretende abordar.
La Comisión envió una carta de emplazamiento formal a España en diciembre de 2015, seguida de un dictamen motivado en noviembre de 2018, en el que se daba dos meses a las autoridades para tomar las medidas pertinentes antes de recurrir a la Justicia Europea. A pesar de algunos avances, el Ejecutivo comunitario considera que las autoridades españolas no han subsanado plenamente las deficiencias y que sus esfuerzos han sido insuficientes hasta la fecha, por lo que ha decidido elevar el caso ante el TJUE.
Otra denuncia por no revisar a tiempo sus planes hidrológicos
La Comisión Europea también ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no finalizar la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca y de gestión del riesgo de inundaciones, algo que también afecta a Bulgaria, Eslovaquia, Irlanda, Malta y Portugal.
La Directiva Marco del Agua, de 2000, se centra en garantizar una buena salud cualitativa y cuantitativa de las masas de agua europeas, como ríos y lagos. Su objetivo es reducir y eliminar la contaminación, así como garantizar que haya suficiente agua para satisfacer las necesidades humanas y de la vida silvestre. Y el cumplimiento de la Directiva sobre Inundaciones, de 2007, es fundamental para la preparación y la gestión de crecidas en los ríos.
La norma sobre el agua exige a los países de la UE que actualicen e informen cada seis años de sus planes de gestión de las cuencas fluviales, con un programa de medidas para garantizar el buen estado o el potencial de todas las masas de agua.
Además, los Estados miembro también deben actualizar y notificar cada seis años sus planes de gestión del riesgo de inundación, que son fundamentales para cumplir los objetivos de la Directiva sobre Inundaciones, esto es, reducir y gestionar los riesgos que las avenidas de ríos suponen para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.
La Comisión Europea envió cartas de emplazamiento en febrero de 2023, seguidas de dictámenes motivados en septiembre del año pasado, a todos los países que no habían actualizado ni revisado esos planes. A pesar de algunos avances, seis países aún no cumplen con sus obligaciones bajo una o ambas directivas: Bulgaria, España, Eslovaquia, Irlanda, Malta y Portugal.
