La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Ancelotti por presunto fraude a Hacienda
El entrenador del Real Madrid está acusado de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros
El entrenador Carlo Ancelotti | Federico Titone / Zuma Press / ContactoPhoto
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para Carlo Ancelotti por presuntamente haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros).
Según ha informado el Ministerio Público este miércoles, la Fiscalía le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, ya que a pesar de que Ancelotti afirmó que era residente en España a efectos fiscales y reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades.
En su escrito la Fiscalía subraya que «con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen», tanto los recibidos por el Real Madrid como de otras marcas por eventos varios, el técnico acudió a un «complejo» y «confuso» entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen.
Relata que Ancelotti firmó el 4 de julio de 2013 un contrato como entrenador del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2016 por el que cobraría rendimientos de trabajo y rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen al club. El contrato cesó en mayo de 2015 pero Ancelotti siguió viviendo en Madrid hasta finales de ese año.
La Fiscalía sostiene que «con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen», el técnico acudió a un «complejo» y «confuso» entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas, de manera que «simuló» la cesión de sus derechos de imagen a entidades «carentes de actividad real» y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas fuera de España.
Para la Fiscalía el técnico madridista perseguía «la opacidad de cara a la Hacienda Pública española y la ocultación del beneficiario real de los rendimientos procedentes de sus derechos de imagen, de manera que ni él mismo ni ninguna de dichas sociedades tuviesen que tributar por las cuantiosas cantidades percibidas en España o fuera de nuestro país».
Detalla que Ancelotti firmó el 1 de julio de 2013 -justo antes de ser contrato por el club blanco- un contrato privado en el que cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por un periodo de diez años y un precio de 25 millones de euros. Él era el apoderado y gestionaba los derechos. Más tarde se formalizó un anexo a este acuerdo que modificaba el plazo a solo tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros.
Asimismo el 4 de julio de 2013, y de forma «paralela» a su firma como entrenador del Real Madrid, se otorgó al acusado un contrato privado con el club en el que cedía el 50 por ciento de sus derechos de imagen a la entidad deportiva, mientras que el otro 50 por ciento lo tenía una sociedad «innominada» y «no determinada» que actuó en su nombre.
Dicha sociedad resultó ser Vapia LLP, domiciliada en Londres, y no la citada Vapia Limited, que es una sociedad constituida en Islas Vírgenes, circunstancia que no se comunicó al Real Madrid hasta un año después. «De esta forma el acusado se valió de la sociedad Vapia LLP para que ésta se presentara formalmente ante el Real Madrid como titular de los derechos de imagen a pesar de que ni siquiera formalmente los tenía atribuidos, ya que el contrato de cesión referido de 1 de julio de 2013 era con Vapia Limited», precisa el escrito.
Ancelotti presentó sus declaraciones correspondientes al IRPF pero omitiendo «todo rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen (…) llegando de esta forma a declaraciones con cuotas negativas», con un saldo negativo de 39.575 euros en el ejercicio de 2014 y de 529.076 de 2015, cantidades que le fueron devueltas por la Agencia Tributaria en ambos casos».
La Fiscalía precisa que los rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen supusieron unos ingresos de 1.249.590 euros en 2014 y de 2.959.768 en 2015. Además, según el Ministerio Público, el técnico también omitió en sus declaraciones la titularidad en propiedad de dos inmuebles en el extranjero.
