La Audiencia Nacional investiga la detención en Mauritania de un abogado español de la CPI
El juez Manuel García Castellón investiga como un posible delito de secuestro con finalidad terrorista la detención
Fachada de la Audiencia Nacional. | Eduardo Parra (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga como un posible delito de secuestro con finalidad terrorista la detención del abogado francoespañol Juan Paulo Branco López, el pasado mes de agosto en Mauritania, desde donde fue trasladado a Senegal y posteriormente deportado a Francia.
El secuestro denunciado se produjo el 4 de agosto cuando se encontraba «ejerciendo labores jurídicas en su condición de Assistant to Counsel de la Corte Penal Internacional (CPI), en relación a una denuncia sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en la jurisdicción senegalesa», según recoge EFE.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado se considera competente para investigar estos hechos tras admitir la querella interpuesta por Branco «en relación al secuestro en Mauritania por parte de un grupo armado sin distintivos oficiales, con posterior traslado subrepticio a Senegal por vía fluvial o terrestre». Según la querella, tras su secuestro en territorio mauritano fue trasladado «contra su voluntad a Senegal, siendo encapuchado, maniatado y maltratado en todo el tránsito».
Los autores, prosigue el escrito, seguían «las instrucciones directas de uno de los querellados, el Jefe de la División de Investigaciones Criminales de la Policía de Dakar (Senegal), Adramé Sarr, precisamente miembro de los cuerpos policiales que habían sido denunciados por Juan Branco ante la Fiscalía de la Corte penal Internacional».
Durante el tiempo que duró la detención y el traslado fronterizo, Branco estuvo en paradero desconocido, «escondiendo su secuestro e ilegal traslado transfronterizo a las autoridades consulares españolas de Mauritania y Senegal, quienes no tuvieron información sobre el paradero del ciudadano español».
La querella se dirige contra Adramé Sarr, Jefe de la División de Investigaciones Criminales de la Policía de Dakar (Senegal), «quien dirigió la ejecución del secuestro en Mauritania, el traslado transfronterizo hasta Senegal, y el maltrato sufrido por la víctima». También contra el resto de personas físicas no identificadas que pudieran haber materializado el secuestro, traslado y maltrato sufrido.
El magistrado considera que la Audiencia Nacional sería competente para investigar estos hechos en aplicación de la jurisdicción universal si se considerasen constitutivos de un delito de terrorismo contra ciudadano español. «Calificación -advierte- que no puede realizarse en este momento inicial de la investigación sin la práctica de diligencias dirigidas a la comprobación de los hechos, sus partícipes y la finalidad pretendida con los mismos».
Por ello, en primer lugar acuerda llamar a declarar a Branco como «testigo víctima» y pide al Ministerio de Asuntos Exteriores un informe sobre la actuación de los servicios consulares en Mauritania y Senegal en relación a su detención en estos países.
Tras su arresto en Mauritania, las autoridades de Senegal encarcelaron el 6 de agosto al abogado, conocido en el país por defender al principal opositor senegalés, Ousmane Sonko, y le acusaron de haber llamado a la insurrección y poner en peligro la seguridad pública.
«No se le está investigando, sino que está ejecutándose una orden de arresto internacional», según explicó una fuente policial a la estatal Agencia de Prensa Senegalesa (APS) en referencia a una orden emitida contra el abogado, tres semanas después de que interpusiese una demanda en Francia contra el presidente senegalés, Macky Sall, por la represión de la Policía contra las manifestaciones antigubernamentales. Al día siguiente fue finalmente puesto en libertad para ser deportado a Francia.
Branco, nacido en España y de madre española, es hijo de un productor de cine portugués. Es un abogado muy conocido en Francia, donde ha trabajado en varios casos célebres. El pasado 22 de junio presentó una demanda en Francia contra Sall y otros altos cargos de Senegal por «crímenes contra la humanidad» durante las protestas desatadas en marzo de 2021 por los arrestos y los problemas con la justicia de Sonko, duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando decenas de muertos.
