El fiscal que se opuso a investigar a Puigdemont abandona la Asociación de Fiscales

El fiscal Álvaro Redondo, que no vio indicios de terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont en el caso Tsunami, ha decidido darse de baja de la Asociación de Fiscales por haberse mostrado «absolutamente incapaz» de ampararle frente a las críticas que recibió en varios artículos de prensa. En una carta, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, este fiscal del Tribunal Supremo solicita a la presidenta de la asociación, mayoritaria en la carrera y de corte conservador, que tramite su «definitiva e irrevocable baja» a la «mayor brevedad posible y con efecto inmediato».

Una decisión que ha adoptado ante la «actitud inconcebible y sobrecogedora» de los seis vocales de su asociación, que fueron los únicos del Consejo Fiscal que votaron en contra de ampararle frente a «las descalificaciones mediáticas» de su actuación en el procedimiento de Tsunami Democràtic. Pese a esos votos en contra, finalmente el Consejo Fiscal sí amparó a Álvaro Redondo gracias al voto de calidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que inclinó la balanza a su favor. Las otras dos asociaciones, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, sí que le dieron su apoyo.

Álvaro Redondo cree que su asociación no ha cumplido con una de sus «más importantes finalidades», la de «defender a los asociados en su actuación profesional», de modo que, dice, «carece de sentido» su permanencia en la AF pues, tras «más de veinte años» de asociado, ha sido «incapaz» de ampararle. Redondo solicitó amparo al Consejo Fiscal tras un artículo publicado en El Mundo titulado «Tres días en la vida de Álvaro Redondo», en el que se hablaba de «espectáculo obsceno de un servidor de la Justicia» y se le tachaba de participar en un «canje político».

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Este fiscal realizó el primer informe contrario a que el Tribunal Supremo iniciase una investigación por terrorismo contra Puigdemont en medio de un intenso debate en el que la mayoría de sus compañeros sí vieron indicios contra el expresident. También los ha visto el Supremo, que ha acabado abriendo una causa por el caso Tsunami. Sin embargo, el origen de la polémica está en la publicación de algunos medios de un supuesto primer borrador de dicho informe en el que Redondo habría calificado los hechos como terrorismo y que él mismo habría corregido después, tras reunirse con el fiscal general, según indicaban.

Al respecto, el fiscal desmintió con rotundidad haber «recibido ninguna instrucción del fiscal general» ni «una mínima sugerencia» sobre la «postura jurídica que debía asumir». Su petición de amparo contaba con el visto bueno del fiscal jefe Fidel Cadena, que señaló que Redondo «elaboró un erudito y laborioso informe sin influencia alguna en sus conclusiones que no hubiera emanado de su legítimo cambio de opinión profesional fruto de la profundidad progresiva de su estudio y de las aportaciones intelectuales y jurídicas que su indagación de la verdad le proporcionaba».